Otto Pérez Molina llegará a la Presidencia con una deuda difí­cil de saldar en el campo, pues más allá de fertilizantes y créditos, los campesinos esperan un plan de desarrollo rural integral. ¿Cómo responderá a las necesidades del campo?

Aunque el electorado urbano le dio la victoria, Pérez Molina adquirió un compromiso trascendental en la pasada campaña electoral con el campo, que a lo largo de décadas y siglos se ha empobrecido cada vez más ante la falta de una solución contundente a sus necesidades productivas.

Ahora, el Congreso de la República una vez más ha dejado engavetada la iniciativa de ley de Desarrollo Rural Integral, la cual fue propuesta con el consenso de organizaciones campesinas, indí­genas y sociales, para dar los primeros pasos a un plan ecuánime de productividad rural.

Pero, además la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Rafael Landí­var presentaron una propuesta para abordar el Desarrollo Rural Integral de Guatemala, como parte de la búsqueda de una solución de largo plazo a este problema.

Se trata de un desarrollo rural integral que tendrá como principales retos alimentar la armonización, el trabajo arduo y conjunto, y el entendimiento de una sociedad rural altamente olvidada, auguró Efraí­n Medina, próximo  ministro de Agricultura, Ganaderí­a y Alimentación.

El académico ratificó el compromiso del próximo gobierno con el área rural y manifestó que el Partido Patriota se encuentra en toda la disposición de apoyar y generar espacios para poder darle la oportunidad a las propuestas presentadas por las organizaciones sociales y  las universidades guatemaltecas, en torno a las necesidades del campo.

“Para nosotros es fundamental luchar contra el hambre, hacerle frente a la desnutrición crónica, la que en el campo afecta a más del 50 por ciento de los niños”, aseguró.

“En el plano de desarrollo rural pensamos en una estrategia para mejorar las condiciones de los campesinos. Con créditos, fuentes de empleo, desarrollo y hacer que los campesinos crezcan en sus planes de mantener la tierra para subsistir”, agregó.

Además, Medina indicó que garantizarán las cosechas y que estas no solo sean de subsistencia. “Hablamos de seguros para las cosechas, de ayuda técnica para mejorar los cultivos y un acompañamiento real del Ministerio de Agricultura y de sus autoridades, así­ como la creación del Ministerio de Desarrollo Social, donde están contempladas las propuestas para mejorar la armoní­a con los campesinos y darles lo que por años se les ha negado, el derecho a tierra, cosechas e igualdad de derechos”, puntualizó.

Sin embargo, en cuanto a las propuestas para el desarrollo rural de fondo, que va más allá de las medidas asistencialistas, las respuestas se quedan cada vez más cortas.

Por el momento, como medida se plantea crear una unificación entre gobierno y población e instalar comisión de seguimiento para establecer un diálogo con las instituciones empresariales y campesinas, en el cual habrá comisiones de acompañamiento y una técnica.

Es importante “mejorar y facilitar las normas y regulaciones para el comercio internacional. No debe jugarse una función de polarización en los sectores del campo entre lo que es la agricultura empresarial y la economí­a campesina, al contrario, deben facilitarse los procesos empresariales”, refiere.

SIN RESPUESTAS

A pesar de las promesas de campaña, Renzo Rosal, de la Universidad Rafael Landí­var, indicó que no existen respuestas concretas para solventar la problemática o distanciamiento entre los sectores involucrados con el tema rural, para que se incluya al campesino como el sujeto beneficiado.

“Existen dos claras separaciones entre el campesino y el sector empresarial. Ante esto no existen acuerdos ni respuestas concretas a lo que en realidad se debe hacer. La historia de Guatemala en tema de desarrollo es muy pobre y conflictiva, por esas razones se tiene que trabajar en conjunto para beneficio de todas las comunidades rurales, de lo contrario continuaremos padeciendo de conflictividad agraria”, refiere el analista.

Rosal planteó dos “intersecciones” para que el próximo gobierno pueda trabajar en el desarrollo del paí­s: el reconocimiento de la economí­a campesina –que pasa por reconocer que existe un actor económico y social,  para jalar al sector del campesino y que pase de la subsistencia a la excedentaria– y reconocer que las inversiones privadas en el área rural –sostenibilidad ambiental, respeto multicultural y la distribución de la riqueza– serán un motor de desarrollo.

Por su lado, í‰lmer López, ingeniero agrónomo de la Universidad de San Carlos,  indicó que ante los fallidos intentos por lograr un Desarrollo Rural Integral, para que el presidente electo Otto Pérez pueda garantizar una solución a la problemática que desde siempre ha afectado al paí­s, se deben considerar las propuestas de la academia dirigidas al campo.

“De nuestro análisis se desprende que no se ha podido implementar ninguna propuesta, porque la metodologí­a como se ha propuesto hasta hace poco ha sido inadecuada” afirmó el profesional.

 â€œNosotros encontramos que el problema es que hay dos posiciones o conceptos de desarrollo rural que básicamente generan choques, porque los que defienden cada posición son composiciones ideológicas –que no ceden para nada– sobre la otra posición, creemos que estas dos posiciones no son reconciliables en el corto plazo”, indicó el agrónomo, en referencia a los modelos de producción corporativa y de subsistencia.

CONSENSOS BíSICOS

Francisco Arturo Chocoj, de la Red Nacional de la Defensa de la Soberaní­a Alimentaria de Guatemala, considera que el próximo gobierno debe buscar y consensuar con las poblaciones campesinas para una unidad de lucha por el desarrollo rural integral.

“Nuestra petición es que la iniciativa de ley de Desarrollo Rural debe servir para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, siendo el desarrollo sostenible –mejoramiento e implementación– de la agricultura, conservar las semillas criollas, así­ como la economí­a local, municipal, regional departamental y nacional; la idea es que sea tomada en cuenta por el nuevo gobierno”.

La solicitud que realiza la Red de Soberaní­a Alimentaria, es que el gobierno de Otto Pérez acepte la propuesta de los campesinos para llevar a cabo un plan idóneo para todas las comunidades, aunque ello pueda no agradar a todos los sectores económicos del paí­s.

Chocoj dijo que Pérez Molina pondrí­a en marcha un plan para el desarrollo rural, “pero hasta el momento no sabemos cómo hará para llevarlo a cabo, porque no tenemos información de sus propuestas concretas. Nos preocupa que sus propuestas sean incumplidas como lo han hecho los otros gobiernos.”

Las medidas asistencialistas o profundas para salvar a las economí­as no tienen una respuesta por el momento toda vez que no han ido acompañadas de polí­ticas de largo plazo que generen prosperidad. Hasta ahora, las promesas y ofrecimientos que se han formulado a lo largo de la historia para el campo demuestran que se han buscado votos para una futura elección y no planes que transformen el desarrollo rural y solo las acciones –y no los discursos– definirán cómo se saldará la deuda con el campo.