El pasado 7 de enero, el presidente Pérez Molina reconoció la enquistada corrupción en el Fondo Nacional para la Paz, y en una simple conferencia de prensa anunció el cierre de la institución. Sin embargo, los que robaron a manos llenas y por eso dejaron a mucha gente sin protección social, simple y sencillamente se quedaron tranquilos, porque el mandatario nunca habló de investigar en profundidad los delitos que ahí se cometieron.

En otro caso, la semana pasada, el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla separó de su cargo al Director del Sistema Penitenciario, pero sin denunciarlo penalmente o investigarlo previamente, a pesar de que el funcionario permitió que el reo Byron Lima Oliva estuviera fuera de la prisión un viernes por la noche para que se le practicara una “consulta médica”.

No menos impactante fue lo que ocurrió en el Ministerio de Salud Pública hace menos de un año. “Esto está podrido”, dijo Jorge Villavicencio, al asumir la titularidad de la cartera en mayo de 2012 y anunciar una lucha frontal contra la corrupción dentro de la institución. No obstante, a nueve meses de esas contundentes declaraciones, el Ministro no ha sacado a luz pública señalamientos o  emitido acusaciones sobre corrupción o mal manejo de fondos en el sistema de salud pública, a pesar de que la sobrevaloración de medicamentos es un secreto a voces.

El gobierno del Partido Patriota nos prometió transparencia en su gestión y fue aún más lejos, pues también ofreció investigar los hechos de corrupción de los gobiernos anteriores. Sin embargo, hasta ahora de eso no se ha visto nada. Con estos ejemplos y el recuerdo de la promesa de campaña, queda claro que no existe un compromiso real con la transparencia y que el tema no pasa de ser un discurso para calmar los ánimos de la ciudadanía.

No obstante, la reacción de los ciudadanos no es mejor. Ante la corrupción nosotros nos indignamos pasajeramente o actuamos solo cuando el hecho nos afecta directamente; muy pocas veces denunciamos y exigimos una investigación efectiva, a pesar de que los intereses colectivos están en juego todos los días con las malas gestiones en las instituciones públicas que reciben los recursos que aportamos con nuestros impuestos y que actúan, claramente, en contubernio con el sector privado.

 Así es como percibo la reacción ciudadana ante la corrupción y creo que el inmovilismo es la principal causa de por qué el problema nunca se soluciona.

Para muchos en Guatemala, Esperanza Aguirre y Alberto Núñez Feijóo son un par de nombres desconocidos, pero la presidenta del Partido Popular de Madrid y el presidente del Partido Popular de Galicia recientemente dieron un ejemplo en España de cómo reaccionar ante la corrupción.

A inicios de mes, los dos líderes políticos le pidieron al presidente español Mariano Rajoy –de su mismo partido– que se querellara penalmente contra el extesorero del Partido Popular, ante el escándalo de supuesta corrupción que ha trascendido con el nombre de “caso Bárcenas”.

Aguirre explicaba en un programa de televisión que no se trata solo de condenar moralmente la corrupción u ofrecer disculpas a la ciudadanía. El compromiso con la transparencia va más allá y enfáticamente dijo que se necesitan acciones concretas para hacer caer a  los corruptos y lograr que paguen por sus delitos, aunque eso signifique actuar contra una persona de su mismo equipo de trabajo.

En otras palabras, el discurso solo del combate a la corrupción no sirve a la ciudadanía, a no ser que se acompañe de acciones claras y contundentes para que se castigue a quienes transgreden las leyes de transparencia y se aprovechan de sus cargos para enriquecerse.

El presidente Pérez Molina se convertiría en un ejemplo histórico si respalda las investigaciones contra los corruptos, tanto adversarios políticos como los mismos miembros de su agrupación política. ¿Tendrá voluntad Pérez Molina para actuar?

Los ciudadanos podemos replantear la cuestión: ¿Vamos a exigir que el Presidente actúe contra la corrupción?