Pocas personas podrán decir en Guatemala que estaban peor en materia económica hace cinco años. Ni siquiera los grandes beneficiarios económicos o polí­ticos de este perí­odo gubernamental pueden disfrutar a plenitud sus réditos y concesiones, pues la larga mano de la delincuencia desbordada los mantiene bajo acoso y la inestabilidad emocional de sus cómplices, benefactores o aliados es causa de permanente zozobra.

No se diga la gran mayorí­a de la población a la que, en pocas palabras, se le ha robado la paz, hasta convertirla en la sangrienta tragedia cotidiana, se le ha sumido en una cuesta económica permanente y se le han cercenado derechos, libertades, garantí­as y esperanza.
ílvaro Colom termina su perí­odo gubernamental de cuatro años de haberse hecho del poder y salvo en sus discursos, muy pero muy poco, casi nada positivo se prosperó y/o avanzó. Todo se redujo a una larga marcha en pos de la esperanza de vivir mejor, sin embargo, como el horizonte está en los ojos, jamás se llegó a la misma. Contrario sensu, se consumieron los recursos públicos sin supervisión ni auditorí­as reales, lo que daña a todos los habitantes del paí­s con cargo hipotecario a varias generaciones con el pago de intereses de los préstamos millonarios que mantienen sumida a Guatemala como una de las mayores deudoras en el mundo. Pero al final de cuentas el problema no es de la administración estatal, la que siempre se lava las manos, sino de los guatemaltecos, por ser quienes pagarán hasta el último centavo de los excesos cometidos por sus supuestos gobernantes. La geografí­a nacional se tiñó no solamente del rojo vital derramado, sino de crueldad inhumana, de ánimos perdurables de venganza y de descomposición institucional, sobre todo en los ámbitos de administración municipal, impartición y procuración de justicia y la administración legislativa y
ejecutiva.
La firma de la paz, fue un acto protocolario que fue suscrito en papeles para que nunca llegue a la realidad. ¿O no sigue la violencia? ¿O no sigue la indolencia y menosprecio gubernamental ante los problemas sociales? ¿Cómo estamos hoy en Guatemala? Aún se limosnea cada año el salario mí­nimo.
Los campesinos, ¿cómo están? ¿Peor, igual o mejor que hace cuatro años? ¿Y los obreros? ¿Y los trabajadores de la iniciativa privada? ¿Se cumplieron las promesas electorales? ¿Tendremos derecho a demandar a los gobernantes que no cumplieron con sus ofrecimientos de trabajo? Porque ese fue un trabajo que desempeñaron y SE LES PAGí“ REQUETEBIí‰N; –aparte de lo que pudieron haberse hueveado– entonces, si no cumplieron, quiere decir que cometieron una ESTAFA, lo cual es una figura jurí­dica contemplada en el Cí“DIGO PENAL que implica una SANCIí“N.
¿Quién los demandará ante el Ministerio Público? ¿Quién por ti, Guatemala?, ¿Los representantes de los Derechos Humanos? ¿O se van a hacer “los locos”?