De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Guatemala es uno de los países más desiguales del continente, con un índice de Gini de 54, que lo coloca entre los más desiguales en el mundo. Más del 50 por ciento de la población se encuentra en pobreza y existe igual número de niñez desnutrida que en su vida adulta no tendrá las competencias para sobresalir y romper el círculo de la pobreza que será transmitido a sus hijos.

Ante este panorama, ¿qué soluciones se pueden encontrar para mejorar la distribución de la riqueza en un país donde el crecimiento económico ha estado sostenido en el tiempo, pero que no mejoran las condiciones de vida de la población más pobre?

Mientras que analistas opinan que esto se logra a través de una política de empleo que pague salarios justos, así como una reforma fiscal que exija más contribuciones a los que tienen más recursos, representantes del sector empresarial no consideran que esa sea la vía para reducir las enormes brechas que hay entre los guatemaltecos y plantean su propia receta.

Según el Banco Mundial, Guatemala es la economía más grande de Centroamérica, pero se ubica entre los países con mayores niveles de desigualdad en la región latinoamericana, con altos índices de pobreza, particularmente en las zonas rurales y entre poblaciones indígenas.

El telón de fondo en Guatemala es que existe una alta concentración de la riqueza y el ingreso; un ejemplo de esto es la concentración de la tierra, de un 0.847 del índice de Gini, que es altísimo, explica Wilson Romero, director de investigaciones en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. (Lea COEFICIENTE GINI)

“Si el índice de Gini fuera 0, todos los guatemaltecos tendrían un pedacito de tierra de Guatemala, el 1 significa que solo una persona es la propietaria de toda Guatemala; en el país ese índice es de 0.847, es preocupante, esas son las condiciones en las que se está operando”, explicó Romero.

De acuerdo con Jonathan Menkos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), el país tiene uno de los coeficientes de Gini más altos del mundo, 0.55; en los países desarrollados este índice oscila entre 0.27 (Dinamarca) y 0.40 (Estados Unidos), por ejemplo.

En Guatemala, los patrones históricos de exclusión han marcado las posibilidades de desarrollo y la igualdad entre la población; indicadores de esto son las tasas de desnutrición infantil, mortalidad materna, alfabetización y matriculación escolar.

Según Menkos, los rostros de la desigualdad se evidencian en dicotomías de género, hombre y mujer; el territorio urbano y rural, y grupos étnicos, indígenas y no indígenas; la mayoría de los rostros excluidos del desarrollo y del bienestar, son personas indígenas, mujeres y residentes en el área rural.

LA DESIGUALDAD SE REPRODUCE

Ricardo Sáenz de Tejada, profesor de Historia de la Universidad de San Carlos e investigador, comenta que la desigualdad en Guatemala podría ser mucho mayor a lo que muestran las encuestas de hogares y de ingresos, porque solo miden la desigualdad en los ingresos y generalmente no captan a los “ricos más ricos”, a las diez o doce familias que acaparan un gran porcentaje de riqueza en el país, ya que no mide ganancias ni propiedades.

De acuerdo con Sáenz de Tejada, el aspecto de fondo de la desigualdad es que afecta radicalmente las condiciones de vida y destino de la mayoría de la población; la desigualdad en ingresos revela desigualdad en acceso a la educación, de manera que las familias con mayores ingresos educan a sus hijos en colegios privados o que están en primer nivel de tecnología, lo que reproduce su estatus.

Por el contrario, los hijos de las familias más pobres, cuando pueden, tienen acceso a escuelas con menos maestros y en malas condiciones, sin materiales; Muchas veces asisten  a las clases sin haber comido. Este patrón se reproduce.

El investigador señaló que la desigualdad no es el único problema, sino los mecanismos para que esta persista; hay muchas dimensiones, una de las más importantes tiene que ver con las relaciones de poder, la concentración de la riqueza permite que aquellos grupos con mayor control de recursos tengan mayor influencia en el sistema político, de modo que son capaces de bloquear políticas distributivas.

“Los grupos empresariales en Guatemala no solo son los menos afectados por las políticas tributarias sino que reciben incentivos fiscales”, añadió.

Romero coincide en que la concentración de riqueza no solo genera pobreza, sino que permite que quienes tienen grandes cantidades de dinero tienen capacidad de interlocución y negociación; pueden tener una interlocución más fluida con el Estado y logran persuadir al gobierno que cumpla ciertas medidas que los favorecen.

MEJORAR SALARIOS Y UNA POLÍTICA FISCAL

Para revertir esta situación los expertos indican que se pueden realizar medidas distributivas de la riqueza, que implican cambios en las políticas salariales y de empleo digno, pero principalmente en la política fiscal, que hasta ahora no se ha logrado en el país.

Según Romero, para las condiciones existentes en el país se podrían tomar dos medidas, una sobre el empleo y salario, ya que en Guatemala la pobreza se concentra en el área rural y alrededor del 82 por ciento de los asalariados rurales no alcanzan a recibir el salario mínimo.

Si solo se pagara el salario mínimo se podría reducir la pobreza de manera drástica, sin ninguna política social, es por eso que la política de empleo y salarial es importante, señaló; sin embargo, Romero considera que el modelo que se está siguiendo en Guatemala para la generación de empleo, como la siembra de palma africana y la minería a cielo abierto, es uno que va a generar mayor concentración de la riqueza por un lado y mayor pobreza.

La segunda vía es la política fiscal; con una política fiscal adecuada se pueden transferir ingresos de las personas con mayores niveles de ingreso  y aplicarla a políticas sociales de carácter universal, como la salud y la educación, agregó.

Hasta ahora no se ha podido realizar esta reforma, uno de los intentos fue el pacto fiscal del año 2000, que se firmó por varios sectores y que pretendía una verdadera reforma de la política fiscal, en materia de ingreso, gasto, el patrimonio público, las regalías, la propiedad del Estado, aduanas e impuestos dijo Romero.

Aún falta muchísimo para una verdadera reforma fiscal que cumpla con el criterio constitucional, que es que pague más quien tiene más, agregó.

Sáenz de Tejada coincide en señalar que una forma de distribuir la riqueza es a través de procesos como una política fiscal, pero que en todos los gobiernos no se ha podido implementar políticas fiscales progresivas, en la que paguen más quienes más tienen.

Los gobiernos se han inclinado por impuestos indirectos, que demuestra por un lado el poder de estas élites y el ingenio de un sistema contramayoritario, que les permite bloquear cambios; en la Constitución de 1986 se establecieron los candados y la institución contramayoritaria por excelencia que es la Corte de Constitucionalidad, en los casos que se forma una mayoría política que permita la aprobación por parte del Legislativo de reformas fiscales, aunque de bajo alcance, se apela a ese órgano que bloquea la reforma tributaria, indicó.

De acuerdo con Menkos, del ICEFI, a pesar de que el Estado ha firmado convenios internacionales como compromisos de desarrollo y de derechos humanos, además de lo que manda la Constitución de la República y los Acuerdos de Paz, pasar de la buena voluntad a la acción concreta para reducir las desigualdades, requiere de cambios en la política fiscal y en la institucionalidad actual.

El director del ICEFI señala que Guatemala tiene una de las cargas tributarias más bajas de América Latina y el Caribe, alrededor del 11.5 % del PIB, por lo que existe poco margen de maniobra para luchar contra la desigualdad; es por eso que fortalecer la acción del Estado es vital para para alcanzar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, habitantes urbanos y rurales, señaló.

MENOS CORRUPCIÓN Y MÁS CONTROL DE GASTO

Sobre una reforma fiscal adecuada en la que quienes ganen más paguen más, Andrés Castillo, presidente de la Cámara de la Industria (CIG) señala que “el tema aquí no es cuanto se paga de impuestos sino qué se hace con los impuestos que se pagan”; cuando ves los índices de corrupción que hay en el país, los índices de la poca transparencia que hay y cuando analizas lo que pagan de impuestos las personas jurídicas, versus lo que paga la persona individual, la conclusión es fácil y es que las personas individuales casi no pagan impuestos.

En segundo lugar tenemos una base tributaria muy baja, de 15 millones de habitantes, una cifra muy baja tienen NIT registrado, hay mucha gente que está en la informalidad y no paga; la carga tributaria de otros países con quienes más nos comparan en general tienen un Impuesto al Valor Agregado de por lo menos tres puntos más que nosotros, que es el impuesto que más contribuye a los ingresos del Estado dijo Castillo.

El expresidente del CACIF señaló que “en parte sí creo que es una reforma fiscal la que se  necesita, pero antes de entrarle a esa reforma fiscal hay que tener transparencia, una política de gasto, una política de endeudamiento y un combate a la corrupción porque si no, no habrá dinero que alcance”.

Según el entrevistado, en el último año del gobierno de Vinicio Cerezo el presupuesto general era de Q3 mil millones y ahora “ya vamos por Q70 mil millones”, y en qué aspectos hemos avanzado en seguridad, en salud o educación, seguimos igual o peor, no es un tema de más dinero sino de buena calidad del gasto y priorización, anotó.

Castillo indicó que para combatir la pobreza en el país el sector privado tiene una hoja de ruta que es “Mejoremos Guatemala” que se conoció en el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade), pero mientras esto siga en manos de un sector y los demás sectores no lo entren a conocer ni apoyar, los resultados seguirán siendo muy pocos.