El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) exigió al presidente Otto Pérez y a los diputados, la no aprobación de Bonos del Tesoro, pues consideran esta disposición como abuso de poder de la actual administración de Gobierno, que pretende pagar una deuda «ilegal», sin seguir el debido proceso de auditoría contable y judicial.

Proponen una auditoría por parte de la Contraloría General de Cuentas para verificar existencia y calidad de obras, y promover la aprobación de las leyes de transparencia.

Además, el Icefi expone que el pago a los contratistas mediante bonos es una práctica fiscalmente opaca que falsea la contabilidad estatal y expone a la inversión pública a prácticas corruptas. Temen que este sea el primero de muchos actos de impunidad y corrupción, si se llegara a aprobar la emisión de bonos, lo cual resultaría nocivo para la democracia y la economía del país.

“Nuestro criterio es la necesidad de que el Congreso no apruebe la emisión de bonos para el pago de la deuda flotante, porque consideramos que estos compromisos son ilegítimos y han roto por completo el Estado de Derecho, en términos de violación tanto a la Ley de Contrataciones como a la Ley Orgánica del Presupuesto General”, afirmó Jonathan Menkos, director ejecutivo del Icefi.

Asimismo, la organización señala que la Junta Monetaria omitió en su opinión, los préstamos pendientes de aprobación en el Congreso de la República; y que a pesar  que la JM y el Banguat se refieren a un déficit fiscal del 2.2%, el presupuesto vigente ya superó esa cifra y la eventual aprobación de los bonos contribuiría a aumentar este déficit a más del 3% del Producto Interno Bruto.

Entre las propuestas que presentan los analistas está aprobar antes de la emisión de bonos, las leyes de Transparencia para una mejor fiscalización; así como dotar de más recursos a la Contraloría General de Cuentas para que ésta realice una auditoría especial, que constate la existencia y la calidad de las obras. Finalmente, recomiendan la elaboración de un padrón de contratistas donde se identifique las fuentes de financiamiento; así como la persecución penal de los responsables de esta «deuda ilegal», para sentar un precedente y que no se repita en administraciones futuras.

“Reiteramos que no hay prisa en pagar estos compromisos ilegítimos. Más bien el Gobierno y el Congreso tienen la harta obligación de iniciar una investigación a través del único órgano contralor, la Contraloría General de Cuentas. Y a partir de esta auditoría, se tenga la posibilidad del debido proceso jurídico para encontrar a los culpables de estas ilegalidades y proceder”, expuso Menkos.

Finalmente, el director del Icefi no descarta que algunos contratistas tengan nexos con funcionarios en términos de financiamiento de campañas políticas, pero recomienda al Gobierno “lavarse la cara” y no prestarse a actos de corrupción.