Según un análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la tendencia negativa mostrada en las metas de recaudación previstas para el presente año
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Es producto de la corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria, mermando así sus capacidades técnicas y administrativas para la fiscalización.
Ricardo Barrientos, analista del Icefi, acusó que la debilidad en las tareas de recaudación de impuestos por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, obedece a la corrupción dentro de la institución, afectando principalmente la lucha contra la defraudación aduanera y el contrabando en el país.
El investigador indicó que esta situación es la que está orillando a las autoridades a delegar las funciones esenciales de la SAT a entes privados, pero expresó, al mismo tiempo, que esto solo crearía problemas como ingobernabilidad, tensión social y descontento por parte de la ciudadanía, ante el evidente deterioro de la administración tributaria.
El entrevistado reconoció como correcta la decisión del Directorio de la SAT para dar marcha atrás en el proyecto de contratación de un consorcio privado para delegar la recaudación en el país, y lamentó que esta decisión haya provocado que el Ejecutivo amenace con remover a algunos directores.
Cabe mencionar que recientemente la contratación de una firma privada para mejorar la recaudación de impuestos desde la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), fue defendida por el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes aseguraron que el proceso no estaba dirigido para que se le adjudicara a la firma argentina Kolektor.
En su momento, Pérez Molina ha dicho que quienes se oponen a que la SAT implemente mejores controles para la recaudación son los que “evaden impuestos”.
Ante este conflicto, Barrientos recomendó al Gobierno, convocar a un diálogo abierto y técnicamente sustentado sobre la mejor forma de recuperar la SAT, y solicitar asistencia técnica a los organismos internacionales (Ciat, Banco Mundial, Giz, FMI/Captac, BID, entre otros), para elaborar un diseño de la reingeniería de la SAT, y financiera (donaciones) para la ejecución del proyecto, y evitar costos excesivos y comisiones innecesarias a descontar de la recaudación de impuestos.
Estado Fallido
Según el Índice de Estados Fallidos 2014, elaborado por el centro de investigación Fondo para la Paz, Guatemala se encuentra entre los estados “en alerta”, ocupando la posición 66 de 178 países evaluados.
De acuerdo a la organización, Guatemala está cerca de convertirse en un Estado Fallido. El estudio evalúa el nivel de estabilidad de los países, tomando en cuenta indicadores sociales, económicos, políticos y militares.
Los aspectos que se tomaron en cuenta para la calificación en el país fueron la percepción de corrupción generalizada en las instituciones del Estado, así como el incremento de la migración interna y al extranjero debido a las condiciones de pobreza y la falta de acceso a servicios públicos en las áreas rurales.