Analistas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales se pronunciaron esta mañana diciendo que el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación presentado por el Ejecutivo el lunes pasado, «nació muerto»,
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Porque se está recortando presupuesto de ministerios clave para el desarrollo de los guatemaltecos; y se incrementan los montos de carteras como Economía y Educación, que presentan grandes retos así como deficiencias en sus políticas públicas.
De la misma forma, perciben que el Ejecutivo presentó este proyecto con la idea de que fuera rechazado por el Congreso de la República, para recurrir cada vez más a bonos y préstamos; así como al pago de deudas políticas con financistas del Gobierno.
Asimismo, el Icefi expresó su preocupación por la “desventajosa forma” en la que se podría financiar el déficit para 2014, pues afirmaron que el Organismo Ejecutivo propone cubrir el 81% del déficit fiscal (representado en el 2.3% del Producto Interno Bruto) con Bonos del Tesoro, a tasas de interés altas y plazos cortos; y sólo un 17% con préstamos externos en condiciones concesionales (a tasas de interés bajas, plazos largos y períodos de gracia), y el 2% restante con recursos de caja.
Esta política de endeudamiento público, señalaron, pone en riesgo el crédito al sector privado, y con ello la generación de empleo y el crecimiento económico, sobre todo tomando en cuenta la ineficiencia de la Superintendencia de Administración Tributaria en esta materia y la fuga de capitales en las aduanas del país.
El Icefi advirtió además, del peligro que se corre que la deuda pública se torne insostenible en el mediano o largo plazo, ante el poco dinamismo económico, el alto pago de intereses por la deuda pública y la baja capacidad de recaudación.
Al ser consultado sobre las propuestas de la entidad para paliar esta situación, el analista Ricardo Barrientos, mencionó que harían falta Q25 mil millones adicionales a lo que pretende el Ejecutivo que se apruebe; destacando la correcta fiscalización de los recursos y la no inversión en gastos superfluos del Gobierno.