De acuerdo a un estudio presentado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, en la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas existen 605 solicitudes en trámite para la autorización de licencias mineras, de las cuales 448 son para exploración, 7 de reconocimiento y 150 para la exploración de minerales metálicos.
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El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Icefi, presentó el informe titulado “La minería en Guatemala: realidades y desafíos frente a la democracia y el desarrollo”, el cual destaca que la Dirección General de Minería ha recibido 605 solicitudes para autorización de licencias mineras, 448 para exploración, 7 de reconocimiento y 150 para la exploración de minerales metálicos.
Asimismo, el estudio subraya que la DGM, al cierre del año 2013, había autorizado 75 licencias de exploración y 32 licencias de explotación para minería de metales y contaba con 359 solicitudes en trámite, de las cuales 15 eran para explotación.
También del total de licencias vigentes hasta el momento (282), el 29% corresponde a minerales metálicos, mientras que para las solicitudes en trámite el porcentaje se duplica debido a la cantidad de licencias de exploración de minerales metálicos, que alcanza el 75% del total de las solicitudes en trámite.
De igual forma, el documento expone que el carácter conflictivo de la minería en Guatemala, deviene principalmente de la fragmentación comunitaria y estigmatización criminal de la protesta social; la percepción de deterioro ambiental por la contaminación de fuentes de agua y deforestación y el irrespeto al Convenio 169 de la OIT, que establece el derecho de consulta de las comunidades y su vinculación para la implementación de los proyectos extractivos.
El centro de investigación en materia fiscal señala que la actividad minera representa para Guatemala el 3 por ciento de la producción de bienes y servicios a nivel nacional, es decir, del Producto Interno Bruto por concepto de regalías voluntarias, impactando negativamente en las finanzas públicas del país.
El Icefi cuestiona que los ingresos fiscales provenientes de la minería son extremadamente bajos debido a que la legislación resulta “insuficiente e inadecuada” y en consecuencia, las demandas de servicios, infraestructura vial, salud, educación e inversión social resultante de la instalación de un proyecto minero, exceden la capacidad fiscal del Estado para atenderlas.
La mayoría de las licencias de explotación y exploración minera han sido otorgadas en Izabal, San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz; regiones compuestas principalmente por poblaciones indígenas. También se han autorizado licencias para la explotación de minería de metales en Guatemala, Santa Rosa, Escuintla, Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, Zacapa y El Progreso.