Generar nuevas ideas, modelos o conceptos en cuanto a la administración pública es quizá de lo mejor que se puede pedir a los gobiernos de turno; es atreverse a ver desde una óptica distinta lo que se tiene, soluciones para mejorar condiciones de seguridad, salud, educación o cualquier otro servicio público.

En el caso de la propuesta de privatización de los centros de detención, y a pesar de que no se ha tenido mayor información al respecto, es respetable al menos la intención de pensar en una alternativa distinta y darle un “toque” distinto al sistema.  Claro está, el hecho de proponer un cambio en esta temática requiere de una declaración valiente y directa por parte del Gobierno: la declaración de haber fracasado en su misión con respecto a los privados de libertad.

Pero el hecho de dar esta declaración, no debiera significar un negativo político para el gobierno, puesto que no ha sido solo éste el que no ha podido enmendar el sistema, aunque eso tampoco es consuelo, ante la obligación de la función pública. Debe tenerse en cuenta que el sistema penitenciario ya está casi privatizado, o al menos algunas partes, por lo que restaría solamente la administración formal de las cárceles, para hacerlo definitivo. Por ejemplo, el Estado ha renunciado a la construcción de cárceles de cualquier índole, dejando a empresas privadas de construcción la tarea, en procesos ya sea de licitación o de excepción. Lamentablemente en los últimos procesos, han existido evidencias de corrupción y otros sinsabores, que ya se ventilan judicialmente.  También el Estado, por intermedio del Ministerio de Gobernación ha renunciado en hacer la comida que por obligación debe brindar a los privados de libertad, y ha preferido comprarla mediante procesos administrativos enmarcados en la ley, los que también se han cuestionado porque se perciben no transparentes, e inclusive se han criticado por la mala calidad del producto. Y no se diga de lo que sucede al interno de las cárceles, en donde los “comités de orden” integrados por los propios internos, administran negocios, promueven seguridad y realizan las extorsiones, entre otros graves señalamientos, como violaciones a visitantes, asesinatos y planificación de secuestros.

Así entonces, el Estado no ha tenido control de sus propias cárceles desde hace mucho tiempo y entonces lo menos que es posible es pensar en uno de los últimos fines de un sistema carcelario, que es la reinserción a la sociedad.

Pensar entonces en un cambio radical del modelo, puede ser una solución a lo que actualmente se tiene, especialmente porque en este momento no se tiene nada. El modelo a seguir, no de una privatización bajo la concepción de un modelo desarraigado del Estado completamente, sino de un traslado de competencias administrativas bajo supervisión pública, es el que han adoptado países como Estados Unidos en ciertas áreas, en donde la inversión pública de cárceles y la supervisión es responsabilidad de la Gobernación del Estado, mientras que la administración en sí del presidio, su seguridad y todo lo que conlleva a garantizar la coordinación con el sistema de justicia, lo realiza la empresa privada que hubiere sido designada o que ganara el concurso público. Las estadísticas son favorables en algunos casos, mientras que en otros no tanto.

El modelo entonces no es infalible a corrupción, ineficiencia o inseguridad; pero puede ser efectivo, menos riesgoso y, si es supervisado adecuadamente, quizá alcance para mejorar un sistema desde ya dado por perdido. En todo caso, es válido al menos la discusión de fondo, y al proceder, iniciar con un modelo de cárceles preventivas, algo que permitiría evaluar los resultados.

Las preguntas son ¿Quién querrá hacerse cargo de semejante reto? ¿Y por cuánto?