El tema de la intervención de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) acaparó la agenda de los medios en la última parte de la semana pasada y todo giró en torno al pulso político que perdió Pavel Centeno, quien argumentó que él solo había pedido la intervención administrativa de las aduanas, pero que alguien más le sugirió a Otto Pérez que era necesario entrarle a toda la SAT.

Además de que es ilegal porque el cobro de impuestos no es un servicio público y por tanto la SAT no puede ser intervenida, la gente debe abrir los ojos y estar muy clara que el Gobierno no pretende romper el negocio y acabar con las mafias de las aduanas, mismas que han operado por años, sino solo cambiar de manos el negocio para que sea otro grupo  el que tenga el control.
Y digo otro grupo porque tal y como nos dijo Oscar Clemente Marroquín en su columna del jueves, éstas ya son manejadas por un grupo de exmilitares desde hace años: “es inaceptable que se piense que enviando militares a controlar las aduanas se compondrá el problema que tiene su raíz más profunda precisamente cuando en tiempos de Lucas, el Ministerio de Finanzas fue encomendado al coronel Hugo Tulio Búcaro que no tenía demasiadas luces en materia financiera aunque sí para otras cosas, y encomendó al jefe de seguridad del ministerio, el hoy general Ortega Menaldo, que asumiera el control de las aduanas del país con lo que surgió lo que después se conoció de manera eufemística como la “red Moreno”, como si el tal Alfredo Moreno hubiera sido realmente algo más que quien les llevaba las cuentas a los militares que realmente institucionalizaron el tema del contrabando hasta alcanzar los niveles que ahora asustan al gobierno porque deja de percibir miles de millones de quetzales que les podrían servir muy bien para acrecentar sus capitales privados que crecen como la espuma”. Este grupo ha tenido durante años a muchos clientes, incluida gente de cuello blanco.
 
Es evidente que durante las campañas políticas los candidatos no hablan con pelos y señales de dos temas en particular: narcotráfico y el contrabando. Y es que de una u otra manera, suscriben de forma tácita un “pacto de no agresión” con el que primero, obtienen financiamiento electoral canalizado vía terceros y segundo, con el que aseguran, una vez en el poder, recibir las cuotas que se deben pagar con tal de seguir operando el negocio con total normalidad.

Debemos dejar en claro que es vital romper con las mafias de las aduanas y si lo que quisieran fuera precisamente eso, no necesitarían una fraudulenta intervención de la SAT sino bastaría con la voluntad de aplicar con mano dura la ley, desnudar y procesar legalmente a las mafias, pero la movida termina siendo vital para evitar cualquier control y solo de esa manera lograr cambiar de manos un negocio en el que hay tantos intereses de por medio y en donde los actores son altamente poderosos.

El descontrol facilita el negocio y Centeno lo dijo así de claro: “nadie tiene control de la carga que hay en Guatemala, entra y salen furgones y nadie sabe cuántos vienen, cuántos salen, no se conoce cuál es el destino, quién los va a recibir, es un problema que se ha generado por años”. Las aduanas y todo lo que gira alrededor de éstas, han sido el “negocio del siglo” para muchos.
Aunque no les entran, el Gobierno tiene mapeado a los actores, las formas de operar, los lugares, las mercancías que ingresan, los costos, las tajadas y un largo etcétera del negocio, así que si el deseo fuera acabar éste, igual pueden mandar al Ejército y la Policía Nacional Civil para que en conjunto con el Ministerio Público (MP), resguarden los puertos, pero todo ello bajo el control de la misma SAT. Eso es lo que cualquier “patriota” debería hacer por su país.
Mientras eso no suceda, todo aquí huele que todo lo que se hace es para hacerse de un meganegocio, de esos que tanto gustan a miembros de este gobierno.