Recuerdo que durante mi niñez y etapas de mi adolescencia, época transcurrida en El Carmen Frontera, San Marcos, yo escuchaba frecuentemente que para traspasar el límite político-geográfico con México, las familias de la aldea y comunidades circunvecinas comentaban que lo que se requería era disponer de dinero extra para pagar “mordidas” a policías federales y empleados de migración y aduanas del vecino país, a fin de superar cualquier obstáculo legal.
La concepción que percibían los guatemaltecos era de un México exageradamente corrupto en todas sus escalas, de suerte que cualquier oriundo de Guatemala o de otra nación podía obtener de inmediato documentos necesarios para devenir en mexicano por nacimiento, lo que, al parecer, constituía un escándalo para los chapines, pero que, infortunadamente, iniciaron infatigablemente el aprendizaje, porque a los pocos años “pagar mordidas” a agentes de la desaparecida Guardia de Hacienda y personal migratorio y aduanero era una práctica normal que fue incrementándose hasta llegar a convertirse actualmente en una epidemia que abarca todo el territorio nacional y cualquier oficina municipal de indistinta jurisdicción, y en casi todas las dependencias del Estado, como otrora no se imaginaba.
Son pocos los guatemaltecos que se extrañen que para apresurar un trámite normal en la burocracia, lo más corriente y “razonable” es que se utilice los servicios de tramitadores, convertidos en enlaces entre el contribuyente y el empleado o funcionario que perciben salarios para realizar sus labores; pero que si se les incentiva con pequeñas, medianas o apreciables sumas de dinero se obtiene con más celeridad el expediente que se persigue adquirir, porque, parafraseando el refranero popular, mientras más grande es el sapo mayor es la pedrada.
Esa nociva práctica, que ya es costumbre acatada, encubierta y alentada en los ámbitos inferiores de la pirámide del Estado, no tiene punto de comparación con los millones de quetzales, o, para ser más ajustados a la realidad, de dólares que median en negocios de envergaduras a las que son ajenos los guatemaltecos de las clases medias para abajo, aunque presumo que deben ser extraordinariamente raros los que ignoren las mayúsculas tranzas que se estilan en las altas esferas del Estado, ya sea entre funcionarios corruptos y empresarios guatemaltecos e inversionistas extranjeros para los cuales el significado de escrupulosidad es un profundo y enigmático misterio, o en las negociaciones que a menudo cabezones del Organismo Ejecutivo desarrollan con presidentes de comisiones, jefes de bloques o diputados rasos al Congreso, para que se aprueben iniciativas de ley que favorecen a sectores privilegiados dentro de la noble actividad política o la impecable labor de algunos grupos de la paciente e invulnerable cúspide de la iniciativa privada.
En tal sentido, no sorprende el más reciente informe internacional acerca de que Guatemala se ubica entre los países más corruptos del mundo, aunque el Presidente pretende lavarse las manos al atribuir al crimen organizado, específicamente a las bandas de narcotraficantes, las causas o raíces de la intocable corrupción, cuyo combate corre a cargo nada menos que de la infatigable Vicepresidenta, que apenas sobrevive con el mísero sueldo que le paga el Estado.
¡Otro galardón para el país, orgullosos guatemaltecos!
(El filósofo Romualdo Tishudo cita a un autor cuyo nombre desconoce: -No enseñes a tu hijo lo que puede comprar con dinero; enséñale lo que no se debe adquirir con monedas, para vivir con dignidad y ser un hombre verdadero).