Qué clase de asesores tendrá el presidente Pérez Molina que le aconsejan decir: “Aceptaremos cambios de forma, pero no de fondo, no vamos a ceder en las leyes que se consensuaron en la mesa técnica en la que ellos mismos (CACIF) estuvo de acuerdo para que se emitieran dichas leyes”. En otras palabras, es evidente que no está dispuesto a ceder a las propuestas de cambios en la reforma tributaria del CACIF, entidad que ha estado interponiendo los recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad, como también lo ha venido haciendo el Colegio de Abogados.

¿Es que nadie le ha advertido a Pérez Molina que cualquier acuerdo que haga en lo privado como en público no tiene validez alguna si no está apegado a la ley? Hay que tener en cuenta que si bien es cierto que está actuando el CACIF, el Colegio de Abogados o cualquier otra persona individual o jurídica oponiéndose a las reformas fiscales, también es verdad que gozan del respaldo de la gran mayoría ciudadana, porque somos millones de guatemaltecos que estamos insatisfechos por el pésimo retorno de los impuestos que pagamos o ¿Es inexacto asegurar que los servicios públicos, en especial los de salud, seguridad, educación o los de creación de infraestructura son tanto deficientes como corruptos?

Si hacer acuerdos sin fundamentos legales resulta una pésima decisión política de Estado, peor es seguir dándole la espalda a la realidad por la que está atravesando la población. ¿Ignora acaso el partido político ahora en el poder, que la gente de medianos y bajos recursos no solo vive angustiada por la inseguridad imperante, sino que a diario queda perpleja cuando comprueba que el dinero se le hace agua en las manos?, ¿acaso desconocían cuando estaban en campaña electoral, el ahora Presidente y sus colaboradores, que todos los productos y servicios ya andaban por las nubes y que ignoran que de un año a esta parte se dispararon, peor cuando por mal hadada “Actualización Tributaria” complicó todavía más la situación económica y social del país?

No puede olvidarse que los entonces candidatos negaron enfáticamente su intención de aumentar impuestos. Pues ahora, les está tocando pagar el costo del engaño. No se puede tapar el sol con un dedo ni ocultar que la administración pública en vez de ser más eficaz sigue de mal en peor; que en lugar de reducir el gasto superfluo o el elevado costo de sus insumos, por la corrupción y la falta de transparencia, cada día es más costoso. ¿Acaso no es verdad que para alguien con dos dedos de frente el actual gobierno no ha hecho nada por reducir sus gastos en festejos, propaganda, viajes, viáticos y celebraciones, como que sin ningún recato, hasta para poner un piedrín, no digamos una primera piedra, le sigue costando al erario nacional varios millones? Así, jamás dejarán de haber presupuestos que no sean deficitarios.