Ya sabemos que las autoridades de gobierno están al servicio de sus financistas o de quienes les pueden pagar sus servicios, pero el Estado, como tal, tiene que estar al servicio del bien común y del interés general que siempre tiene que prevalecer sobre el interés particular. En función de ello es que resulta fundamental que exista un adecuado mecanismo de consulta como el que se contempla en los convenios con la OIT que obligan a tomar el parecer de los pueblos cuando se planteen proyectos que puedan afectarles de alguna manera.

En Guatemala es tal el sometimiento del poder público a los intereses particulares que se ha desvirtuado por completo el sentido de la consulta popular y se criminaliza en forma absoluta la protesta que es resultado del olímpico desprecio que se muestra por los intereses de la población. Si no se les escucha, no se puede esperar más que conflictividad como la que observamos en todo el país, puesto que la gente se desespera y molesta cuando se le trata de manera tan infame.
 
 Creemos que los proyectos de minería y de construcción de hidroeléctricas tienen que ser resultado de una negociación respetuosa con las comunidades que saldrán afectadas y que, por lo tanto, tienen derecho a compensaciones. Pero ha sido recurrente que a la hora de hacer consultas, de plantear a la población los proyectos, se les miente, se les engañe y se les trate como a una partida de ignorantes que no tienen derecho alguno. Muchos de los extranjeros que han venido a “invertir” en Guatemala tratan a las comunidades de pobladores como si fueran delincuentes y brutos, negándose a hablar seriamente y de manera respetuosa.
 
 Pero lo peor es la actitud de las autoridades, porque lejos de entender su papel, su responsabilidad y los derechos de los pueblos, lo que hacen es tildar de delincuentes a los que elevan alguna voz de protesta. No negamos que puede haber grupos que se empecinan en el rechazo a cualquier proyecto minero o eléctrico, pero la mayoría de las oposiciones son fundadas y tienen razón en el sentido de que no hay compensadores adecuados para los daños que se producirán al entorno ambiental.
 
 El Estado tiene que asumir su obligación constitucional de trabajar por el bien común y no ponerse al servicio de quienes generalmente obtienen licencias mediante mordidas, como se hacen los negocios lamentablemente en nuestro país. Y basta ya de colgar el sambenito de delincuentes a quienes reclaman, a quienes exigen compensadores por los daños que se causan a sus comunidades.

Minutero:
 No es correcto que el Estado
 termine siempre dando el lado
 al que paga la mordida
con la maña consabida