En el primer semestre del 2014 el Congreso fue blanco de críticas, nuevamente, por el divorcio entre los intereses de la población y de los congresistas.

No faltaron las declaraciones de parlamentarios que aseguraron trabajar por los ciudadanos, pero sus acciones demostraron lo contrario.

Después de permanecer sin actividad durante un largo periodo de tiempo por la interpelación al ministro de Cultura, Carlos Batzín, los diputados cambiaron la dinámica en el Organismo Legislativo y trabajaron en el primer semestre del año.

Los diputados habían pasado por un período complicado por el desgaste que provocó la inactividad y por eso ahora aseguran que trabajan en “beneficio del pueblo” con constantes sesiones plenarias y reuniones de comisión.

No obstante, la realidad es distinta y quedó en evidencia que el trabajo legislativo de los últimos meses no se aproxima a las necesidades de la población y por el contrario, responde a los intereses de grupos de presión.

Y es que según analistas consultados, esas acciones son el reflejo de las negociaciones con intereses ocultos que benefician a los diputados y los partidos políticos a los que representan, así como a sectores que financian sus campañas electorales.

A criterio de los expertos, los partidos políticos y los diputados intentan aparentar que trabajan por el país, pero finalmente solo consiguen que la ciudadanía rechace la política y en consecuencia no preste atención a los temas que surgen dentro del Legislativo.

APROBACIONES SIN AGENDAR

Durante las últimas semanas el Congreso recibió críticas por parte de los distintos grupos de la sociedad civil al aprobar puntos no incluidos dentro de la agenda parlamentaria y tampoco conocidos en la Instancia de Jefes de Bloque.

Uno de los casos que más acaparó la atención de la población guatemalteca fue la iniciativa que dispone aprobar la Ley de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la transmisión de datos, que fue impugnada en la Corte de Constitucionalidad (CC) por considerar que beneficia a un sector económico con poder y solo contempla un artículo para retomar el control de las cárceles.

Otra Ley aprobada es la que permite al Ministerio de Comunicaciones retirar todo tipo de obstáculos que dificulten o impidan la libre circulación de vehículos, poniendo en duda el derecho a la manifestación seguido de la aprobación de un punto resolutivo propuesto por el Partido Republicano Institucional (PRI) el cual exhorta a los organismos del Estado a una reconciliación nacional y a su vez niega el genocidio durante el conflicto armado interno.

Además, en medio de la polémica discusión sobre la ampliación del mandato presidencial, los diputados aprovecharon el espacio para aprobar un préstamo de US$280 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual se encuentra destinado para la construcción del proyecto “Rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la Ruta CA-2 Oriente” y que estará a cargo por una empresa seleccionada sin licitación por el Ministerio de Comunicación.

Finalmente, la más reciente aprobación fue la iniciativa que pretende ampliar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado con vigencia para el ejercicio fiscal 2014 por el monto de Q550 millones, éste al igual que el endeudamiento del BCI fueron realizados a través de enmiendas a la Ley de Obtención de Vegetales.

MENSAJE CONTRADICTORIO

Hugo Novales, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), considera que la “estrategia de comunicación” de los diputados tiene como fin transmitir un mensaje conveniente para los grupos políticos, principalmente porque oculta sus acciones negativas y sus verdaderas intenciones.

“Es necesario tener en cuenta que dentro de la estrategia también está la de diputados que no tienen conocimiento técnico de las normativas a las que se refieren y que solo actúan bajo presiones de actores particulares –los cuales hacen grandes aportes a la propaganda política– y esto daña la imagen del Legislativo”, acotó.

Ante tal situación, es preciso resaltar que después de los consensos realizados por los partidos políticos, la sociedad civil ha cuestionado el actuar de los diputados y por eso muchos de ellos mediante sus discursos se han retractado de su postura aduciendo desconocer el contenido de las normativas por las que votaron a favor.

Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), señaló que durante las últimas legislaturas el Congreso ha tenido un “retroceso” ya que sus altas autoridades han olvidado el concepto de “Congreso de puertas abiertas”, en donde la sociedad civil tiene el derecho de fiscalizar la labor parlamentaria.

Según el experto del Ipnusac, las estrategias de comunicación utilizadas en el  Legislativo han ocasionado desconfianza en la ciudadanía teniendo como consecuencia el rechazo a las aprobaciones que se han realizado en el Pleno a las cuales denomina con “baja calidad e impopularidad” por considerar que van en contra de los intereses de la población guatemalteca.

CONFIANZA CIUDADANA

Carmen Ortiz, coordinadora del programa de Opinión Pública de la Universidad Rafael Landívar (URL), dijo que las posturas de los diputados afectan la confianza ciudadana teniendo como consecuencia que los guatemaltecos comienzan por aborrecer la política.

“La política es un asunto común. Su rol es crear ciudadanía y se espera que los diputados tengan una conducta honesta, correcta y responsable, por eso cuando ellos no dicen completamente la verdad afectan la confianza ciudadana. Los políticos deberían de apuntarle a la solidaridad, a la cohesión social de la sociedad y no a las actividades propias o de partidos que hacen de la política actividades donde se enriquecen los diputados”, refirió.

En este tema, el analista Novales dijo que es necesario que las declaraciones de los diputados sean congruentes con su actuación. “Las declaraciones que hacen –los parlamentarios– deben establecer principios, mientras que los acuerdos y consensos reflejan los hechos. Son cosas diferentes que no siempre van a ir conjugadas, pero lo deseable es que tengan relación”, detalló.

VERDADERO ACTUAR

A consideración de Castillo, el verdadero actuar de los congresistas al emitir comentarios contradictorios a sus actos están enfocados en los intereses corporativos, los cuales están enfocados en dos corrientes.

La primera se da porque los diputados “legislan a espaldas de los ciudadanos”, es decir que si la población guatemalteca se entera de los movimientos “extraños” que pretenden hacer los congresistas, éstos los rechazarían inmediatamente y por ello los grupos políticos prefieren actuar sin que la sociedad tenga conocimiento de sus negociaciones.

“Nosotros escogimos a legisladores para que defiendan el bien común y no personales, pero esto ha quedado demostrado porque no sucede ya que lo que se hace en el Congreso es un trabajo impopular”, dijo.

A criterio de Castillo, la segunda forma con la que legislan los diputados es mediante el concepto de una “doble moral política”, porque generan posicionamiento en las demás agrupaciones con el fin de aprobar normativas de las que dicen “oponerse”.

“Lo preocupante del verdadero actuar de los diputados es el lineamiento a los intereses corporativos y particulares, ya que existen denuncias donde muchos de los grupos que se ven favorecidos apoyan las campañas electorales y esto es grave. Dentro del Congreso no existe la oposición, porque todos llegan a realizar acuerdos y por eso se dan las irregularidades, las cuales deberían tener acciones jurídicas”, enfatizó.

Castillo recordó que el Legislativo es un poder determinante para el Estado de Guatemala porque la Carta Magna le asigna una serie de funciones estratégicas, las cuales debe cumplir para el bienestar de la población. Sin embargo, la mala clase política que hay dentro del Congreso ha hecho que ese organismo se “alinee a los proyectos del Ejecutivo y ha provocado que se legisle con intereses particulares”.

La Dirección Legislativa del Congreso detalla que en los últimos seis meses esa sección recibió 31 propuestas de iniciativas de ley que contemplan diferentes temas. No obstante, solo cinco de esas fueron aprobadas por el Pleno, dato que confirma el análisis de Castillo.

De acuerdo con el informe de las cinco iniciativas aprobadas y declaradas de urgencia nacional, tres fueron impulsadas por el Organismo Ejecutivo, mientras que las otras dos fueron propuestas por dos diputados del oficialismo, Juan José Porras y Carlos Valentín Gramajo.