En su edición del día miércoles de esta semana este vespertino destacaba una reunión entre la Vicepresidenta de la República y la Fiscal General que tenía como objetivo evitar la migración de los menores que viajan solos hacia Estados Unidos y que concluía, según la misma noticia, con la posibilidad de buscar responsabilizar a los padres de los mismos sobre el hecho.
En síntesis, la conclusión era analizar el artículo 154 del Código Penal en el que se tipifica el delito de Abandono de Menores, el cual, si bien es cierto tiene como bien jurídico tutelado al menor y su seguridad integral, no resuelve el problema sino puede incluso llegar a empeorarlo.
Como ya se indicó, lo que queremos proteger (el bien jurídico tutelado), sin duda es el menor de edad, deseamos para él acceso a educación, alimentación y que pueda desarrollarse dentro del marco de una familia, sin embargo, las familias en estos casos no tienen los recursos para enfrentar esas mínimas condiciones de desarrollo y no abandonan a los menores, sino los alientan y apoyan a buscar conseguir un sueño que lamentablemente en este país no pueden cumplir, de esa cuenta buscar perseguir a los padres es a mi juicio una vuelta más a la rosca de la tapa que limitará, aún más, la vida del menor al verse deportado y con sus padres enfrentando un proceso penal.
Entiendo perfectamente que la justicia penal busca disuadir para que una persona ante la posibilidad de cometer un hecho delictivo lo piense y bajo la amenaza de la pena se abstenga de hacerlo. En el caso que nos ocupa, debemos de entender que hay varios actores implicados, por una parte y a manera de sujeto pasivo se encuentran el menor, pero también su familia, quienes tienen las carencias y esperanzas necesarias como para caer en los engaños y ofertas que realiza una persona que afirma poder transportar a sus hijos hacia ese sueño que todos visualizan y comparten. Por el otro lado se encuentra el coyote, ese sujeto que sin escrúpulos alienta a la familia para que a cambio de una remuneración le entreguen al menor para supuestamente llevarlo a su destino lo más seguro posible y quien debería ser el objeto de la persecución.
Este sujeto, si no es que una mafia totalmente organizada, se constituyen en los objetivos detrás de los cuales deberían de ir nuestras autoridades a través de aplicar delitos como el de trata de personas o bien modificar o crear nuevos que desincentiven o castiguen su accionar. Seguro es más fácil ir en contra de los padres, quienes pobres como son, no tendrán lugar a donde huir y mientras recogen a sus hijos vivos o muertos podrán fácilmente ser procesados. A mi juicio y hasta que no sea Guatemala un sueño posible, hay que atacar a las mafias, de lo contrario parece que lo que queremos proteger no es al menor sino a tío Obama para que no tenga que enfrentar problemas humanitarios, económicos o políticos en su país.