Autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) estiman que en los 22 centros carcelarios del país se encuentran recluidos hasta 250 privados de libertad con perfiles de “alta peligrosidad”, quienes difícilmente pueden rehabilitarse. ¿Qué hacen todos los días tras las rejas? ¿En qué actividades ocupan su tiempo? El Sistema Penitenciario evita dar respuestas a esas y otras preguntas sobre el tratamiento para los presos con problemas para reinsertarse en la sociedad.

Gustavo Adolfo Trejo Cúmez y Rudy Francisco Alfaro Orozco tienen 29 años, son pandilleros y en sus perfiles delictivos se les identifica como criminales reincidentes. Sin embargo, pertenecen a grupos delictivos contrarios entre sí y por ende, están recluidos en diferentes cárceles. 

Trejo Cúmez, quien es miembro activo de la Mara Salvatrucha en Guatemala, ingresó a la cárcel el 17 de agosto de 2005 por los delitos de extorsión y asesinato.  Aun detenido, se le atribuyeron nuevos crímenes relacionados con extorsión, asesinato y motín de presos.

Por otro lado, Alfaro Orozco, integrante de la Mara 18, ha sido procesado por los delitos de promoción o estímulo a la drogadicción, homicidio en grado de tentativa, femicidio, portación ilegal de armas de fuego defensivas y/o deportivas, sustracción agravada, homicidio, violencia contra la mujer, amenazas y violación agravada, entre otros.

En ambos casos, se sabe que los reos empezaron a delinquir desde muy jóvenes; inicialmente habrían ingresado a la cárcel por uno o dos ilícitos menores, pero con el tiempo encontraron los mecanismos y oportunidades para planear crímenes desde la prisión, haciendo crecer más su historial delictivo, al punto que ahora purgan largas condenas y difícilmente lograrán recuperar su libertad.

El viceministro de Seguridad, Julio Rivera Clavería, admite que personas con perfiles de “alta peligrosidad”, como ocurre en el caso de estos jóvenes, difícilmente pueden reinsertarse a la sociedad, especialmente porque Guatemala no cuenta con una política de rehabilitación social.

“La realidad es que las personas que son reincidentes habituales o multirreincidentes no tienen muchas posibilidades de poder rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad, eso es una verdad, pero especialmente en el caso de Guatemala es más difícil porque no existe una política de rehabilitación social carcelaria; lo que existe es una Ley Orgánica del Sistema Penitenciario (SP), pero la rehabilitación y la reinserción social en sí mismas consideradas, no”, destacó el funcionario.

De acuerdo con Rivera Clavería, aunque hay diversidad de criterios para definir a los reos de “alta peligrosidad”, existen aspectos que se pueden tomar en cuenta para cumplir con ese propósito; la reincidencia y el impacto de los crímenes son dos parámetros importantes a considerar en esa clasificación.

“Yo creo que la realidad está entre 180 a 250 –personas–, aunque eso va a depender mucho de los criterios; si usted va y le pregunta a la Comisión Nacional del SP, le van a decir que podrían ser 200 o 250 los que hay de alta peligrosidad, pero si usted se lo pregunta a las Comisiones Multisectoriales que atienden en el SP propiamente dicho, le van a decir que son unos 300 o 400, y si usted se lo pregunta a funcionarios del SP, posiblemente le van a decir que son unos 50 o 60”, indica el vicetitular del Interior.

En cualquiera de los casos, el SP no explica si existe o no una política actualizada de reinserción y si se está poniendo en marcha; las autoridades guardan silencio cuando se les cuestiona en qué ocupan su tiempo los reos de alta peligrosidad.

“ALTA PELIGROSIDAD”
Rivera Clavería indica que la calificación “alta peligrosidad”, se da a aquellos presos que han cometido delitos graves y conforman estructuras organizadas.

“Esa clasificación la tiene que hacer el SP, pero se hace sobre la base de un estudio multidisciplinario de las personas que llegan al Preventivo y que han sido puestos a disposición de los tribunales por cometer un hecho delictivo. Una persona de alta peligrosidad es quien lidera una banda, un cartel del crimen organizado o de narcotráfico, de tráfico de armas, o forma parte de una estructura propia del crimen organizado. Son personas con alta peligrosidad, por ejemplo los que se dedican al sicariato, los mareros o los extorsionistas”, refiere.

El Viceministro admite que este tipo de detenidos difícilmente podría rehabilitarse, principalmente por las condiciones de infraestructura que no lo permiten.

“Lo que tenemos hoy es infraestructura obsoleta, anacrónica, vieja. Si usted pretende poner en marcha la ley del SP y del régimen progresivo, es imposible hacerlo con el sistema carcelario tan fuera del mundo actual; se necesitan cárceles diseñadas para un mundo moderno: de alta seguridad para reos de alta peligrosidad, que son aquellos que van a estar dentro de la prisión la mayor cantidad de tiempo, cárceles de mediana seguridad para la gran mayoría de reos que pueden ser rehabilitados y de allí cárceles de mínima seguridad que son aquellas donde cualquiera de nosotros puede llegar por un accidente”, explica.

Si no existen planes de reinserción, ¿en qué actividades ocupan su tiempo los criminales de alta peligrosidad? ¿Qué hacen durante los 20, 30 o 40 años de condena tras las rejas?

La Hora solicitó información al Sistema Penitenciario, a través del Departamento de Comunicación Social, sobre la implementación de proyectos de rehabilitación y reinserción social para reos de alta peligrosidad, así como de las actividades ocupaciones de los criminales, sin embargo, la institución no respondió a la solicitud requerida. (Lea las preguntas sin respuesta en el recuadro “Sistema Penitenciario no responde”)

SIN REHABILITACIÓN
Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, explica que el sistema de corrupción en las cárceles y la falta de programas integrales para los presos de alta peligrosidad, son un aliciente para que continúen involucrados en crímenes, que afectan seriamente a los ciudadanos.

“Hay todo un sistema de corrupción en el Sistema Penitenciario que no permite que la filosofía rehabilitadora funcione y a la hora de que fuera funcional para reos de alta peligrosidad o de reincidencia, tienen que estar en sectores más aislados, más apartados, lo cual implica en que haya adentro de la cárcel procesos de rehabilitación laboral o de estudio pero verdaderamente serios, porque el preso se mantiene desocupado y la desocupación trae muchas cosas negativas”, explica Garavito.

Según el director de la Liga, el tema de la reincidencia de un privado de libertad, está vinculado a la corrupción en el sistema de seguridad y justicia, así como por la falta de filosofía y políticas de rehabilitación.

“El tema de la reincidencia delictiva tiene que ver con la justicia y seguridad sin funcionar, no es posible que gente que se la ha capturado in fraganti o que incluso tenga un juicio, una condena, salgan libres tan pronto. El segundo me parece que tiene que ver con el hecho que la misma filosofía y estrategia del SP no es rehabilitadora, es decir carece no solo de los recursos sino de la metodología y de las concesiones políticas para hacer del sistema un sistema rehabilitador y eso no lo es, al contrario, todo el tema de la clasificación de los reos que tanto se ha hablado no funciona”, explica.

CADENA PERPETUA
Debido a la reincidencia y crueldad de algunos privados de libertad, el Viceministro de Seguridad  apuesta por las condenas de cadena perpetua; dice que la pena de muerte, como se ha planteado por algunos sectores, no es la solución para el problema.

“Yo tengo mi criterio –sobre este tema–; no se aplica la pena de muerte porque nosotros somos signatarios del Pacto de San José; sí deberíamos tomar en cuenta algunos elementos que son indispensables para que efectivamente podamos tener mayor control en las cárceles, por ejemplo, la cadena perpetua para aquellos delitos que son de alta peligrosidad o se cometen con gran crueldad, por ejemplo los 27 decapitados en Petén, los mareros que desmiembran a las personas”, refiere Rivera Clavería.

El representante del Mingob, dice que aun así, el tema debería ser debatido por varios sectores de la sociedad. “Creo que deberíamos tener algún tipo de pena que nos permita tener para siempre dentro de las prisiones algunos criminales de alta peligrosidad, debidamente comprobado.  Esto sería una propuesta, desde luego eso tiene que ser parte de un debate”, refiere.

Marco Antonio Garavito, por aparte, considera necesario implementar proyectos de trabajo dentro de las cárceles, pues a su criterio podrían contribuir para mantener ocupados a los presidiarios con penas de hasta 200 años.

“Deberían instalarse empresas dentro de las cárceles y tener a los presos con salarios y condiciones de trabajo; no estoy diciendo ponerles una cadena y una bola de hierro, es decir, que cumplan con un trabajo pero con actividades formales, donde verdaderamente aprendan o ni siquiera aprendan diría yo, porque nunca van a salir, algunos tienen 50, 60, 120 o hasta 200 años de cárcel, pero mientras están allí exista un proceso que los mantenga ocupados positivamente”, refiere.

PREVENCIÓN
Eluvia Velásquez, coordinadora de proyectos de la Asociación de Prevención del Delito (Aprede), explica que existen mecanismos de prevención primaria y secundaria para que menos jóvenes sean encarcelados y por consiguiente continúen delinquiendo desde la cárcel.

“Para nosotros es prevención secundaria y primaria, que nos permite evitar que los chavos y las chavas lleguen a cometer ilícitos, lo que sucede es que es muy poca la información que se maneja en los hogares, en las escuelas.  Se les dice, ‘si robas te vas a ir preso, si robas te van a matar’, pero no les dicen por qué no deben robar; los valores y principios dentro de los hogares casi no existen y si existen ni ellos saben qué son valores, hay muy poca información”, dice Velásquez.

A nivel de Estado, la entrevistada refiere que existen entidades que pueden apoyar a la juventud y niñez, a través de programas y recursos destinados específicamente para ellos.

“El Estado es el encargado en este caso, por medio de Bienestar Social y del Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) de transmitir y apoyar, las municipalidades de hacer programas, esto se podría lograr si existiera una red de trabajo real,  ellos tienen las herramientas y los recursos. Sí existen formas para que menos chavos sean encarcelados”, dice la coordinadora de Aprede.