Guillermo O´Donnell plantea en sus tesis con respecto a la Democracia en Latinoamérica que uno de los aspectos cruciales en la modernización del Estado es el hecho que primero se debe tener claridad cuál es la sociedad que queremos, para así ver qué Estado necesitamos, un contenido que parece indiscutible, pero para latitudes o países que justamente avanzaron en esa discusión varios siglos atrás y definieron con claridad qué tipo de sociedad o con más precisión cuáles son las dinámicas que regirán el devenir de una nación y de esta cuenta qué condiciones se espera que predominen en el tejido social de la misma.

Dentro de este devenir se espera, por ejemplo, que se abolirá el trabajo infantil (Noruega 1849); por lo tanto se organiza un sistema educativo que no sólo permita la incorporación de todos los niños y niñas, sino se dedica a mejorar la calidad programática de su currículo y fomenta la carrera magisterial, así como se trabaja sobre la actualización, capacitación y especialización docente.

Por ello, la discusión sobre la modernización del Estado en Guatemala que sin duda es una necesidad apremiante, no debe circunscribirse al debate ideológico, de si es grande o pequeño, de si es eficiente o deficiente, de si mucha burocracia no; no, al contrario, se debe precisar efectivamente cuáles son los grandes problemas que tenemos para constituir un Estado e instituciones que respondan eficientemente a doblegar o eliminar dichos problemas.  Hoy es más conocido que nunca que arriba del 50% de los niños entre 0 y 5 años presentan serios problemas de desnutrición y aunque el problema es conocido desde hace años, se diseñó una estructura inmensa, poco práctica en su cuerpo colegiado e igualmente se estableció, inocentemente, que la misma instancia no ejecutaría fondos, sino operaría financieramente a través de los grandes ministerios: Salud, Educación y Agricultura, para hablar de los más grandes.  Craso y grave error, hoy esta Secretaría depende de la buena gana de los ministros y aún más profundiza su dependencia de los fondos que ellos mueven para contribuir a abatir la desnutrición.  Resultados: la desnutrición se ha ampliado, los programas que se montan no ejecutan (Hambre Cero, por ejemplo) y la desnutrición de enormes cantidades de niños que viven en el área rural no mejora para nada.  La definición del problema es clara (desnutrición), la forma de enfrentarla equivocada e inoperante y los resultados paupérrimos.

Igualmente, cuando pasamos a la democracia, rompimos con buena parte de la infraestructura contrainsurgente y pasamos a un estado de mayor convivencia y tolerancia social, pero sin resolver los graves problemas de desigualdad.  Sin embargo, pasamos de los Ejércitos-Estado violadores de los derechos humanos y corruptos a la democracia como forma civilizada de convivencia social y política, con procesos de elecciones libres y cada cuatro años, y aunque hemos avanzado significativamente en contar con un Ejército supeditado a la sociedad civil, la corrupción se mantuvo, pero ahora con los partidos políticos, los alcaldes y sus concejos y los desarrolladores y empresas.  Pero igualmente, heredamos la estructura presupuestaria sectorial proveniente del período contrainsurgente, con lo cual los ministerios sociales constituyen enormes aparatos burocráticos, pesados e ineficientes, que absorben una enorme cantidad de presupuesto, pero con enfoques maximalistas, con planteamientos de focalización que sólo esconden su incapacidad y su baja incidencia.  Creo que cada uno de estos ministerios debería contar con secretarías o institutos especializados con enfoques precisos y asignaciones financieras particulares, con lo cual se podrían atender problemas agudos con intervenciones programáticas particulares, recursos financieros con destino directo y gestión colegiada independiente.  Estos enfoques podrían contribuir a construir ese Estado que necesitamos y no continuar con esfuerzos dispersos de modernización que no contribuyen a recrear una sociedad menos desigual.