Que yo sepa, cualquier disposición que tomen los jueces tiene que basarse en las leyes del país, de lo contrario, cualquiera podría ordenar, por ejemplo, que los mareros salgan a barrer las calles de la ciudad y de paso podrían hacerle un gran favor a los alcaldes, pues aparte de hacer economías presupuestarias cumplirían con su obligación de mantenerlas limpias.

De esa cuenta, creo que se le fue la mano a la jueza Jazmín Barrios con aprobar hacer las peticiones de pedir perdón; de incluir procesos educativos permanentes; de disponer hacer pergaminos y monumentos; implementar estudios; incluir dentro de los resarcimientos la categoría de genocidio y otros delitos, como construir un centro cultural y hasta dar detalles precisos de cómo deben de cumplirse tales peticiones, extrañando que le haya faltado  fijar el plazo perentorio para ejecutarlas y sin ponerse a pensar que a su malhadada sentencia todavía le falta mucho camino por recorrer. Pero hay algo más que no entiendo: ¿Cómo es posible que un juez pueda condenar al Estado, que no fue involucrado en el proceso seguido a Ríos Montt? ¿No es obligatorio que antes de sentenciar debe juzgarse, oírse y vencerse en juicio?
    
     Ahora bien, por todos es conocido que el término justicia tradicionalmente se asocia con la equidad; que para Platón la justicia es armonía social y que para  Aristóteles la justicia es igualdad proporcional, por lo que cabe preguntar: ¿quién le va a pedir perdón a todas las víctimas de la otra parte? ¿Corresponderá a los comandantes o a la tropa integrante de la guerrilla que todavía vive? Porque se supone que en nuestro país todos somos iguales y que si se exige pedir perdón a unos, habrá que hacer lo mismo para las miles de víctimas civiles de apellidos Zarco, Novella, Gordon Mein, Von Spreti, Flaquer, Ribas, Girón, Bickford, Minondo, Villaverde, Ibargüen, Cofiño, Canella, Fischer, Habie, Castañeda y muchos más, como a tantos oficiales, jefes, especialistas, policías y soldados que perdieron sus vidas por cumplir con su deber de defender al Estado.
    
     He oído hasta la saciedad que al perseguir el delito de genocidio se busca sancionar a quien haya tenido la intención de eliminar total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o religioso pero, ¿esa misma intención no la tuvo también la guerrilla al querer eliminar total o parciamente al grupo integrante de nuestra sociedad llamado Ejército Nacional como al sector de la sociedad que, además de poderle proporcionar recursos económicos, estaba de acuerdo con el criterio de millones de guatemaltecos más que compartían el criterio de defender la institucionalidad del país?, ¿es que en nuestro conflicto armado interno, en el que si bien es cierto se cometieron atrocidades, solo hubo una parte y solo a ella habrá que condenar? Si así se actúa, sin equidad, igualdad y sin armonía social ¿a ese engendro le podemos llamar justicia?