Según las expresiones atribuidas a funcionarios de gobierno vinculados con el tema de la seguridad, íntimamente relacionado con todo lo que es impunidad, el nuevo Comisionado Iván Velásquez no tendría oportunidad de mostrar sus dotes como luchador por la justicia, sino que vendría a evidenciar su habilidad administrativa únicamente para trasladar, en los dos años que quedan de mandato, la experiencia y conocimientos a los órganos nacionales que han de asumir el reto de combatir la impunidad en Guatemala. En otras palabras, la ONU habría nombrado al enterrador de la CICIG y no a un jurista que venga a enfrentar la impunidad y combatir a los grupos clandestinos que pululan en nuestro país.

Eso nos tiene que centrar en el debate sobre el tema de fondo que es el régimen de impunidad que persiste en Guatemala. La CICIG no fue un capricho sino una necesidad ante la evidencia absoluta, concreta e irrefutable del poder de los grupos que dentro o fuera del Estado, operan en la clandestinidad como poder oculto beneficiándose de la existencia de un marco general de irrespeto a la legalidad. La impunidad en Guatemala tiene orígenes en la misma Patria del Criollo, parafraseando a Severo Martínez, pero se institucionalizó en el marco del conflicto armado interno cuando se diseñó todo un modelo para proteger de responsabilidad penal a los que libraban la lucha en defensa de la institucionalidad y, por qué no decirlo, de ciertos privilegios acuñados también en esa Patria del Criollo.
   
 El caso es que en las instituciones vinculadas con seguridad y justicia el control ha sido ejercido con el ánimo de mantener el sistema de impunidad que ahora protege especialmente a los corruptos que operan en los poderes ocultos y a los criminales que operan en los otros grupos clandestinos. Policía, Ministerio Público y Tribunales de Justicia son las tres patas del banco de la impunidad, mismas que deberían ser las patas de la legalidad en el país pero que, perversamente utilizadas, son la garantía absoluta de que aquí se puede delinquir sin temor a la sanción legal.
 
    Y la CICIG vino a enfrentar un poder paralelo tremendo, tan grande que al final logró su cometido de minar el esfuerzo de la comunidad internacional. Desde un gobierno que usó a la CICIG para lavarse la cara ante el crimen de Rosenberg hasta las élites que se sintieron amenazadas, la conspiración para afianzar la impunidad ha tenido más éxito del previsto y lo veremos, sin duda, en las comisiones de postulación que se formarán el año próximo, donde la consigna clara será asegurar un sistema que impide el castigo al criminal.

Minutero:
Quieren dar continuidad
al modelo de impunidad;
una CICIG derrotada
es la propuesta anunciada