«Esto es como un encuentro, pese a los años, recuperar aunque sea una pieza significa mucho», Feliciana Macario Conavigua.
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En Guatemala, organizaciones sociales pro derechos humanos y sobrevivientes, han liderado el proceso de recuperación de la memoria histórica y dignificación de las víctimas del conflicto armado interno, a través de la búsqueda de cementerios clandestinos y los procesos de exhumación.
El informe Memorias del Silencio, de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), detalla que el 83% de las 42,275 víctimas de desaparición forzada entre 1981 y 1983 -periodo más cruento de guerra- pertenecía a alguna de las 22 etnias indígenas de Guatemala.
«En la cosmovisión maya debemos dar digna sepultura a un ser querido. Esto debe ser una de las acciones prioritarias para la reparación de los daños», dice Feliciana Macario, encargada del programa Justicia y Dignificación, de la Coordinadora Nacional de viudas de Guatemala (Conavigua).
Realizar una exhumación tiene dos matices cardinales: del lado humano la dignificación de la víctima mortal y del familiar sobreviviente; y por el otro la búsqueda de justicia en la investigación de un crimen contra la vida
Una década más
La Fundación Antropológica Forense de Guatemala (FAFG) -una de las tres instituciones en Guatemala que posee el equipo requerido para efectuar exhumaciones-, comenzó los trabajos de excavación de cementerios clandestinos en 1992.
José Suasnavar, subdirector de la FAFG, indicó que al comienzo, los trabajos se dieron para evidenciar el alto grado de las violaciones al derecho de la vida.
Al inicio la FAFG desarrollaba unas 12 excavaciones en un año, sin embargo, conforme el tiempo, la experiencia y la necesidad de las víctimas, el trabajo llegó a implicar unas 40, en un solo año.
«El crecimiento respondió a la necesidad de los familiares de las víctimas, ya que su ciclo de vida avanza y requieren una respuesta más rápida. Lo mismo ocurre con las personas que pudieron ser victimarios, lo cual impediría que haya oportunidad de juzgarlos», manifestó Susnavar.
Luego de 16 años de trabajar en este campo, la FAFG registra alrededor de 857 procesos.
Suasnavar estima que el 40% de los trabajos realizados no estaban contabilizados en los informes de la CEH ni en el de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI).
«Fácilmente se puede duplicar el número de casos que registró la CEH. Por lo menos hacen falta uno ocho o diez años de trabajo intenso, no creemos que los casos mayores se hayan terminado. Huehuetenango y San Marcos aún están pendientes de trabajar», puntualizó Suasnavar.
Retraso y renuencia
Feliciana Macario de Conavigua y César Hernández del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), contaron que durante las experiencias que han acompañado, se han topado con que los fiscales del Ministerio Público no agilizan los permisos para realizar las excavaciones.
Hernández narró el caso de una solicitud que hicieron en enero de este año, para excavar en un área de la Finca Argentina, en Taxisco, Santa Rosa, donde a la fecha no han tenido respuesta.
Empero, reonoció que luego que en 2004 se implementara un manual de procedimientos para investigaciones antropológico-forenses, el MP ha agilizado un poco el trabajo.
Por su parte, Macario relató que en varias oportunidades, los dueños de los terrenos donde son localizados los cementerios clandestinos se han negado a autorizar la excavación.
«Hace unos cinco o seis años a los familiares se les decía Si sacan esos huesos de los cementerios clandestinos, tarde o temprano los suyos van estar en esas fosas, esa es una amenaza bastante grande», rememoró Macario.
Casos
Pese a que la cantidad de exhumaciones se incrementa, los casos donde éstas han sido vinculadas a procesos judiciales de crímenes contra la vida, son pocos:
Sentencias: La masacre de Río Negro, en Baja Verapaz; el caso de Cándido Noriega -un excomisionado militar acusado de varios crímenes- y otro caso individual el centro de Rabinal, también de Baja Verapaz.
En proceso: En Pachalum, Rabinal; uno de desaparición forzada en Choatalum, Chimaltenango y otros que han llegado a la CIDH, como el del Plan de Sánchez, Los Josefinos y el de las Dos Erres, ambas en Petén.
César Dávila, presidente de la Comisión Nacional para el Resarcimiento dijo que de los Q300 millones que tienen asignados, Q270 están destinados a entrega directa a víctimas y el resto 10% (Q30 millones), para funcionamiento, por lo que este año sólo se realizará una exhumación.
Según Dávila, para efectuar este procedimiento se debe hacer una subcontratación, ya que actualmente el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) no cuenta con la capacidad para ese trabajo. í‰sta se costea con el 10% restante destinado al funcionamiento.
«Para este año se proyectó usar Q1.5 millones, porque de los 30 millones destinados para funcionamiento, debemos usar 22 en el pago de salarios. Tenemos 16 sedes regionales y se debe pagar alquiler…», argumentó.
Dávila advirtió que en el presupuesto de 2009 solicitaron Q14 millones para este trabajo. También informó sobre un diagnóstico que realizarán para determinar cuántas exhumaciones se efectuarán y los lugares que se priorizarán.
«Le damos la importancia, pero tenemos que hacerlo de manera objetiva, no podemos pensarlo en automático, si no sabemos cuántas son y dónde están», anotó.
A criterio del entrevistado por cada exhumación reconocida, existe un sub-registro de tres.