Bélgica se vio nuevamente sacudida el jueves por una tormenta política, con la dimisión del gobierno de Yves Leterme, que pone de nuevo en entredicho el futuro de este país fracturado entre flamencos y valones francófonos, incapaces de hallar una fórmula de convivencia duradera.
El primer ministro Leterme presentó la dimisión al rey Alberto II, pero la situación se mantenía incierta, puesto que el soberano dejó «en suspenso» su decisión -indispensable-, de aceptarla o no, estimando que ésta originaría una crisis «inoportuna».
El gobierno de coalición resolvió renunciar en bloque pocas horas después de que uno de sus socios, los liberales flamencos, anunciara su partida a falta de un acuerdo sobre la supresión de los derechos lingí¼ísticos de los francófonos que viven en el extrarradio flamenco de Bruselas.
«No hay otra salida que la dimisión del gobierno», anunció el ministro de Finanzas, Didier Reynders.
La decisión fue tomada tras un consejo de ministros extraordinario convocado por el democristiano flamenco Leterme, quien, por tercera vez en dos años, presentó su dimisión al soberano.
«Una crisis política sería inoportuna» y causaría «perjuicios económicos y sociales a los belgas» así como al «papel de Bélgica» en Europa, declaró en un comunicado Alberto II, dejando entrever su intención de iniciar gestiones para tratar de salvar el gobierno en los próximos días.
No obstante, si acaba aceptando la renuncia, a Bélgica no le quedará más remedio que convocar elecciones legislativas para junio, justo antes de tomar el 1 de julio el relevo de España al frente de la presidencia rotativa de la Unión Europea (UE).
La dimisión del gobierno de Leterme sucedió al portazo que dio el partido liberal flamenco Open VLD, dejando una coalición formada por tres partidos francófonos y un único flamenco, un desequilibrio político inviable para el reino de mayoría flamenca.
Su partida responde a la falta de acuerdo sobre un diferendo que atañe la circunscripción Bruselas-Hal-Vilvorde, en territorio flamenco, donde unos 100.000 francófonos gozan de ciertos derechos linguísticos que los flamencos quieren suprimir en gran parte en nombre de la unidad territorial.
Entre éstos, está la posibilidad de dirigirse a las instancias judiciales en su lengua o votar en los comicios por listas francófonas.
Se trata de uno de los nudos gordianos que enfrenta desde hace años a las dos principales comunidades linguísticas del pequeño reino de Bélgica, fundado en 1830 y actualmente poblado por 10,5 millones de personas.
La mayoría flamenca (60% de la población), más próspera económicamente que sus compatriotas valones, exige cada vez una mayor autonomía e incluso los sondeos indican claramente una ascensión de los partidos independentistas.
«Cada vez, es menos creíble la supervivencia de Bélgica a medio y largo plazo», estima Pierre Vercauteren, politólogo de la universidad belga de Mons.
Para Leterme, se trata de la tercera dimisión en dos años. La primera, a mediados de 2008, fue rechazada por el rey, mientras que la segunda, unos meses después, fue aceptada a raíz de un escándalo relacionado con el desmantelamiento del banco Fortis, del que fue absuelto.
Leterme volvió a encabezar el ejecutivo en noviembre pasado, tras la partida de Herman Van Rompuy para asumir la presidencia permanente de la UE.