Este miércoles 27 a las 14:30 horas en el Hotel Princess, tendrá lugar el foro “La Libertad de Expresión, Medios de Comunicación y Cultura de Paz en el contexto de la criminalización de defensoras y defensores de Derechos Humanos en Guatemala”, respecto a esto copio estas palabras, para ponerlos en contexto e invitarlos a asistir.

La criminalización de defensoras y defensores de Derechos Humanos es un fenómeno a nivel mundial que se produce particularmente en dos ámbitos: el legal y el discursivo.
 
Desde 2006, en su informe general la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los estados que su obligación es “proteger a las personas que se dediquen a la defensa de los derechos humanos de toda […] presión o cualquier otra acción arbitraria”.  Por tanto, los Estados deben garantizar que el derecho a defender los derechos se desarrolle de la manera más libre posible, sin ninguna clase de presión arbitraria o abusiva que obstaculice su ejercicio legítimo, lo cual incluye el derecho a no ser objeto de hostigamientos a causa de la iniciación de acciones penales sin fundamento. En este sentido, la Relatora Especial sobre Defensores de las Naciones Unidas ha señalado como uno de los deberes asumidos en virtud de la Declaración, “abstenerse de penalizar las actividades pacíficas y legítimas de los defensores y velar por que puedan trabajar en un entorno seguro, sin temor de ser perseguidos […].
 
Con respecto a la criminalización en Guatemala, la UDEFEGUA cita en su informe de junio de 2013 que: “Como ejemplo de los niveles de ataques/agresiones registradas por la UDEFEGUA en los últimos cinco años (2009-2013) se han registrado 249 hechos de criminalización en contra de defensoras/es de derechos humanos según información en nuestro sistema. Durante el primer semestre de 2013 se han acumulado 44 hechos de denuncia judicial en contra de defensoras/es, lo cual marca un incremento de este tipo de ataque en contra del sector que cada día es más criminalizado por su labor. Tratando de entender el fenómeno de la criminalización, podemos pensar que el Gobierno de Pérez Molina carece de la capacidad para establecer diálogos que permitan desde la vía pacífica la búsqueda de consensos con las comunidades afectadas por las decisiones inconsultas para los denominados Megaproyectos o pueden ser actos deliberados de abandono para la generación de conflictividad que justifiquen la revocación de garantías y de esta manera imponer los proyectos extractivos o de generación de energía en mención”.