En Guatemala, con uno de los í­ndices más altos de criminalidad en América, queda en la impunidad el 95 por ciento de los casos en los tribunales, de acuerdo con el informe anual presentado por la organización internacional Human Rights Watch (HRW).

De conformidad con el informe, la impunidad es la norma en las violaciones de derechos humanos generadas en Guatemala por la violencia del crimen organizado, como las pandillas y los narcotraficantes.

El reporte destaca que las instituciones que deben aplicar la ley han sido “incapaces”  de contener a las poderosas bandas criminales, responsables en buena medida de la violencia, frecuentemente dirigida a actores de la sociedad civil y funcionarios judiciales.

A la escalada de la violencia contribuyen poderosas y bien organizadas pandillas como la “Mara Salvatrucha” y la “Mara 18”, involucradas en asesinatos y extorsiones, señaló.

Según el reporte de HRW, las bandas recurren a “formas de violencia letal contra quienes desafí­an su control, incluyendo pandillas rivales, exmiembros, colaboradores de la Policí­a o los que se niegan a pagar sus extorsiones”, que citó el asesinato entre 2010 y 2011 de 188 conductores de buses y asistentes por rehusarse al pago.

Recientemente, el Tribunal Décimo del Ramo Penal condenó a Wilson Rigoberto Hernández Coy y Rudy Francisco Alfaro Orozco a 23 y 15 años de prisión respectivamente por los delitos de trata de personas y violación por agravación de la pena. Los dos fueron encontrados culpables, junto con otros 30 pandilleros, de abusar sexualmente de una mujer que ingresó de visita al Preventivo de la zona 18. Estos fueron procesados en este caso, pero no se pudo comprobar su culpabilidad, por lo que fueron absueltos.

HRW anotó ciertos “avances”  en 2011 en el “establecimiento de responsabilidades”, como la condena a cuatro exoficiales por una masacre de 1982, y destacó la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala  (CICIG), establecida en 2007 para apoyar a autoridades judiciales y policiales en la investigación y desmantelamiento de grupos criminales.

Oswaldo Samayoa, director de Incidencia Polí­tica del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala –ICCPG–, asegura que no le llamarí­a que hay “incapacidad”. “Yo creo que las capacidades están, lo que no hay son buenas herramientas para poder realizar el trabajo adecuadamente”.

Según el experto, son varios los desafí­os que tiene el sistema de justicia. El Organismo Judicial no logra ser independiente en lo absoluto, la protección que tienen los jueces es un tema delicado, no existe un sistema fuerte de investigación criminal, y el que existe está carente de muchos insumos y que, en lugar de volverse entes profesionales, tienden a volverse entes del sicariato o de ejecuciones extrajudiciales.

Para Samayoa, lo que se necesita es implementar la prevención, “estamos hablando que casi en todo nuestro paí­s se trabaja en reacción, por eso tenemos niveles muy altos de violencia, porque no hay polí­ticas preventivas adecuadas. En el caso de los pandilleros tenemos que hablar de medidas adecuadas para los adolescentes que estén en riesgo de pertenecer a una pandilla”.