Millones de ciudadanos afrontaron este martes el segundo día de una huelga de los choferes de autobuses que están enfrentados al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, por temor a perder ingresos con un programa de modernización del transporte público de la capital colombiana.
La huelga se agudizó este martes al sumarse los taxistas, que trabajaron a media marcha. Así, los usuarios tuvieron en el servicio colectivo de Transmilenio (autobuses articulados que circulan por un carril especial) la única opción de llegar a sus trabajos, pero hallaron sus estaciones atiborradas.
Temprano en la mañana, en algunos portales de Transmilenio, manifestantes ocuparon la vía y en el sur de Bogotá algunas personas lanzaron piedras sobre los vehículos, pero fueron dispersados por la policía que dispuso de 2.000 efectivos antidisturbios para garantizar la circulación.
Según Clara López, secretaria de gobierno de la alcaldía, 24 personas fueron detenidas por agredir vehículos de servicio público.
En las calles de Bogotá miles de personas optaron por caminar para llegar a sus trabajos y se palpó un inusual incremento en el uso de bicicletas y patines.
«Ni siquiera sabemos la causa del paro pero somos víctimas de él. ¿Cómo es posible que la decisión de unos pocos dueños de buses lleve al colapso de la ciudad? La culpa es de los transportistas por abusivos y del alcalde por inepto», dijo a la AFP, Luciano Rojas, mientras aguardaba un taxi.
La escasez de autobuses llevó a que el alcalde Samuel Moreno levantara una medida de restricción vehicular para los automóviles particulares.
También pactó con Conaltur, una de las empresas de servicio de autobuses, que a partir del mediodía (17H00 GMT) saque sus vehículos a la calle.
«Los peatones no tienen por qué pagar las consecuencias de este hecho. Aquí no ha habido paro alguno sino la utilización errónea del mecanismo de la protesta. Nuestra empresa sacará 3.000 vehículos para atender las necesidades», dijo Marco Gutiérrez, presidente de Conaltur.
El alcalde dijo que pese a la huelga no dará marcha atrás en la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), un proyecto que busca reorganizar a partir de julio ese servicio y sacar de circulación el parque automotor que supere los 20 años.
Este plan, similar al que se implementó en Santiago de Chile en 2007 y que provocó serias protestas contra la presidenta Michelle Bachelet, contempla la articulación entre las unidades de Transmilenio y los autobuses de privados, así como una tarjeta electrónica única de prepago.
La Asociación de Pequeños Transportadores (Apetrans) presiona a las autoridades para incorporar al nuevo sistema también las unidades más viejas. Además, piden mantener sus ingresos actuales y que les sean condonadas las multas de tránsito que acumulan hasta ahora.
Según Andrés Pérez, experto en transporte público, los 16.400 autobuses de Bogotá producen ingresos de unos 6.000 millones de pesos (unos 3 millones de dólares) cada día.
«Es evidente que hubo una reducción importante del servicio público pero esperamos que en las próximas horas se normalice de manera gradual. Aquellas empresas que no lo hagan podrán perder las rutas actuales e incluso la personería jurídica», advirtió el alcalde Moreno.
Sin embargo, Alfonso Pérez, representante de Apetrans, dijo que «el paro sigue vigente hasta nueva orden».
En Bogotá, ciudad de unos ocho millones de habitantes, funcionan cerca de 50.000 taxis, 16.400 autobuses y 2.664 unidades del sistema Transmilenio, y hay alrededor de 1.370.000 vehículos particulares, según las autoridades municipales.