Huehuetenango: bajo asedio y abuso


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En Huehuetenango, departamento del Noroccidente del país, desde hace varias semanas la población está bajo asedio, sometida a abusos de la autoridad y violaciones a los derechos humanos. Todo empezó cuando cientos de agentes de la Policía Nacional Civil, PNC, de elementos del Ejército Nacional, de agentes y Fiscales del Ministerio Público, llegaron a la cabecera departamental y ocuparon varios municipios.

Factor Méndez Doninelli


Hasta ahora, -según el Teniente Coronel Mauricio López Bonilla, Ministro de Gobernación- suman más de mil los  elementos destacados en el citado departamento, quienes están encargados de la persecución y detención de presuntos criminales, integrantes de redes del crimen organizado transnacional, que se presume permanecen en ese territorio y a quienes las autoridades del Ministerio Público y del Ministerio de Gobernación, sindican de tener responsabilidad y participación en la masacre de nueve policías, ocurrida en la Subestación PNC de Salcajá, municipio  del departamento de Quetzaltenango, semanas atrás.

Como resultado de las investigaciones realizadas después de la masacre, fueron capturadas varias personas a quienes los jueces ligaron a proceso, pero de conformidad con lo declarado por el citado Ministro de Gobernación, los hasta hoy capturados, son parte de las estructuras criminales responsables de la masacre de policías, sin embargo, las personas a quienes se atribuye ser los jefes de las redes, continúan huyendo para evitar ser capturados, al mismo tiempo, el Gobierno ha ofrecido recompensa a quien ofrezca información sobre los prófugos.

Con ese argumento como pretexto, los contingentes de efectivos de las fuerzas de seguridad, están haciendo allanamientos -supongo con orden de Juez competente-  como parte de los operativos que realizan. Muchos de los operativos llevados a cabo, son abusivos e ilegales, porque según denuncian pobladores de los municipios más afectados, “se violan derechos consagrados en la Constitución Política de la República, así como, derechos y libertades humanos fundamentales”.

He recibido denuncias de pobladores locales, quienes sostienen que efectivos militares y de la PNC, efectúan registros ilegales  en la vía pública, en particular contra jóvenes y estudiantes del nivel medio y universitarios, a quienes les decomisan sus mochilas y teléfonos celulares, diciéndoles que, “los teléfonos los utilizan para comunicarle a los criminales, cuáles son los movimientos del Ejército y la PNC”.

Así mismo sostienen los pobladores, hay varios casos de gente que ha sido vapuleada por policías y/o soldados injustamente, otros, víctimas de capturas ilegales, de tratos inhumanos y de irrespeto a las libertades fundamentales de las personas y la dignidad humana. Todo esto, configura claras violaciones a los derechos humanos, por lo que sugerí presentar la denuncia respectiva, ante la institución del Procurador de los Derechos Humanos PDH, que tiene la obligación de investigar y verificar las denuncias de la población, por lo que exijo a la PDH, actuar a la brevedad e  informar sobre lo que aquí se está denunciando.

Santa Ana Huista, es el municipio donde la población se siente más afectada por la conducta abusiva e irrespetuosa de las fuerzas de seguridad, que en los operativos conjuntos, según los denunciantes, cometen todo tipo de ilegalidades y violaciones a los derechos y libertades de las personas, algunas de las cuales he citado arriba.

El trabajo profesional como defensor de derechos humanos, me induce a ofrecer apoyo y solidaridad a los pobladores de Huehuetenango, quienes perciben serias amenazas a  su vida, libertad, seguridad e integridad personal, como consecuencia de la reiterada conducta abusiva e irrespetuosa de elementos de las fuerzas de seguridad del Estado, quienes ignoran y dan la espalda a la obligación constitucional que tiene el Estado de Guatemala de garantizar los derechos humanos a todos los habitantes.

P.S. 02 agosto 1954. Gesta heroica y digna de los Cadetes, derrotaron y humillaron a  mercenarios armados que invadieron el territorio nacional para derrocar al Gobierno Constitucional de JACOBO ÁRBENZ.