En el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a más de 300 pacientes del Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora, luego de una serie de denuncias de organizaciones sociales por supuestas violaciones a los derechos humanos de los internos.

Sin embargo, a criterio de expertos en el tema, el drama y el sufrimiento que atraviesan los pacientes de dicho nosocomio no se resuelve hasta la fecha, debido principalmente, a la falta de inversión y a una visión paliativa más que preventiva de la problemática.

En noviembre de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 334 pacientes del Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora. Dicha solicitud fue propuesta por la organización estadounidense Disability Rights International (DRI), en conjunto con la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), quienes documentaron supuestos abusos cometidos en contra de pacientes en la institución psiquiátrica.

Los demandantes alegaban en aquel entonces que todas las personas internadas en el Hospital Federico Mora se encontraban en una situación de riesgo, principalmente al compartir el mismo espacio con personas con discapacidad mental, procesadas y sentenciadas en los Tribunales de Justicia por diversos crímenes.

Asimismo, agregaban que agentes de la Policía Nacional Civil y personal del Sistema Penitenciario que estaban a cargo de la custodia del lugar hace dos años incurrían en amenazas, hostigamientos y actos de violencia en contra de los pacientes, así como en abusos físicos y sexuales contra mujeres.

Finalmente, denunciaban que se les negaba asistencia médica adecuada a los pacientes y que se estaba proporcionando tratamiento psiquiátrico no apto para sus patologías, a la vez que algunos permanecían encerrados en cuartos de aislamiento y amarrados a sillas.

Es por ello que la CIDH solicitó en 2012 al Gobierno de Otto Pérez Molina, adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las personas internadas en el Hospital Federico Mora.

En particular, proporcionar el tratamiento médico adecuado a los internos; asegurar la separación de internos procesados, sentenciados y bajo orden judicial de privación de libertad, de los demás pacientes del hospital, que la tutela de éstos sea proporcionada por personal del hospital no armado, así como restringir el uso de cuartos de aislamiento.

Por último y de acuerdo a estándares internacionales sobre personas con discapacidad mental; la CIDH sugirió implementar medidas de prevención inmediatas orientadas a que todos los pacientes, en particular mujeres, no sean objeto de actos de violencia física, psicológica y sexual por parte de otros pacientes, agentes de seguridad o funcionarios del hospital.

TOTAL NEGLIGENCIA

A casi dos años de haberse concedido estas y otras medidas cautelares por el órgano internacional, Nery Rodenas, director ejecutivo de la ODHAG, afirma que durante este tiempo tanto las autoridades del Hospital como el Ministerio de Salud no han cumplido con lo ordenado por la CIDH.

Según el religioso, prevalecen “serias” condiciones antihigiénicas e insalubres, que pueden calificarse como un desastre sanitario, aunado a otras que generan una amenaza inmediata a la salud y a la vida de los internos como la falta de agua potable para el consumo, desabastecimiento de medicamentos, escasez de artículos de limpieza y de higiene personal, así como goteras en los techos que exponen a los pacientes, a contraer hongos y otras llagas por las recientes lluvias.

De igual forma, expone que hubo una mínima mejoría en el aseo de algunos pacientes además en el ofrecimiento del Gobierno, de construir un pabellón adicional para disminuir riesgos.

Para Rodenas, esta y otras situaciones derivan de la total negligencia del Estado que repercute en el escaso control de las autoridades de la cartera de la Salud, al no evaluar periódicamente el estado de abandono y las condiciones inhumanas y degradantes en las que viven los enfermos psiquiátricos recluidos en este Hospital.

No obstante, el representante de la ODHAG indica que el principal inconveniente persiste, pues no ha existido la segregación de reos que únicamente simulan tener alguna alteración psiquiátrica con los pacientes con alguna discapacidad mental, exponiendo a los últimos a una serie de violaciones de sus derechos.

“Hasta ahora, el Estado de Guatemala no está cumpliendo con este compromiso internacional. La situación ha cambiado poco a pesar de la existencia de medidas cautelares y las recomendaciones del Comité contra la Tortura en Ginebra. El hacinamiento, la reclusión que degrada la dignidad humana, los abusos y maltrato que cometen guardias de seguridad en contra de mujeres con algún desequilibrio mental, son cosas que persisten”, señala Rodenas.

El directivo admite que se han efectuado algunas acciones, pero no suficientes, principalmente porque no se ha propiciado una investigación profunda en el Ministerio Público, de las denuncias de violaciones a derechos humanos y vejámenes principalmente en contra de mujeres que allí se encuentran recluidas, con el fin de deducir responsabilidades.

“El Estado en este sentido es bastante débil y por eso la sociedad ha ignorado estos hechos por mucho tiempo, porque casi nadie se preocupa por una persona que padece una enfermedad mental. El hecho de que una persona esté privada de sus facultades mentales, no significa que deba recibir una atención de segunda categoría”, expresa.

PDH: “SITUACIÓN CRÍTICA”

Durante el presente año, la Defensoría de las Personas con Discapacidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos ha realizado una serie de visitas al Hospital de Salud Mental Federico Mora, donde se ha podido constatar que no existe una división entre los enfermos con trastornos mentales y las personas en conflicto con la ley que padecen desórdenes psiquiátricos, a causa de la sobrepoblación de internos.

Ana Ruth Mérida, titular de dicha Defensoría, ve con preocupación el tema y explica que el problema de sobrepoblación se agrava cuando se envía a personas en conflicto con la ley a los distintos pabellones de tratamiento, sin verificar el verdadero estado psiquiátrico de las mismas; o sin tomar en cuenta el espacio físico disponible en el Hospital.

Según la entrevistada, esta situación obedece a que no hay centros que brinden atención especializada y de calidad a los pacientes con discapacidad mental, por lo que atraviesan una “situación crítica” que impide el correcto tratamiento para los demás internos y dificulta la reinserción de los pacientes a la sociedad al vivir en un estado de permanente tortura.

“Este es un problema complejo, porque tiene que ver mucho con el sistema judicial. Preocupa que los privados de libertad estén cerca de los demás pacientes. Debe existir un centro dedicado solo a la atención de ellos. No se debería de mezclar a esta población”, sugiere Mérida.

Fuentes oficiales refieren que actualmente se encuentran recluidas 135 personas en conflicto con la ley penal en el Hospital Federico Mora, pero por algún padecimiento no pueden permanecer en una cárcel y deben ser trasladados a ese centro hospitalario. Además, cabe mencionar que el Hospital de Salud Mental se encuentra a pocos metros del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18.

La defensora Ana Ruth Mérida indica que existen numerosas denuncias de ataques sexuales dentro de las instalaciones del hospital, sobre todo durante la noche, ya que el sistema eléctrico está casi colapsado y no hay corriente de energía en ciertos sectores.

De esa cuenta, una fuente que solicitó no ser nombrada, denunció que varias pacientes han quedado embarazadas y han sido remitidas a los hospitales nacionales al momento del parto. También acusa que otra de las medidas para encubrir estos hechos es darles pastillas anticonceptivas para evitar los embarazos.

Por ello, luego de la visita en abril de este año, entre las recomendaciones de la Defensoría de las Personas con Discapacidad está el mantenimiento inmediato del alumbrado eléctrico en el Hospital, así como la construcción de un centro especializado donde sean atendidas las personas privadas de libertad, que presenten una condición de discapacidad intelectual o psicosocial.

Del mismo modo exhortó a una mayor inversión económica para la contratación de personal capacitado, incluido un neurólogo y nutricionistas, de tal forma que se supervise la alimentación de los pacientes, sobre todo a los adultos mayores y a las mujeres, acorde a su edad, actividad y estado de salud.

VISIÓN OBSOLETA

En opinión de algunos profesionales, el recluir a un paciente mental en un hospital es algo que se ha ido superando desde hace algún tiempo en algunos países de Latinoamérica, debido a que existe una serie de criterios y métodos para poder brindar una atención ambulatoria a los pacientes para su rehabilitación y reinserción social. 

Sin embargo, para Marco Antonio Garavito, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, en el caso de Guatemala, los discapacitados mentales son llevados al Hospital Federico Mora para literalmente, ser encerrados, reflejo de una “visión obsoleta” que parte del Estado hasta el sistema hospitalario nacional.

Garavito argumenta que al igual que la salud física, la atención médica para la salud mental atraviesa serias precariedades en el sistema de salud pública, debido a que el Hospital Federico Mora es concebido como un centro carcelario y no como un centro asistencial en sí, lo cual refleja la debilidad a su vez, la poca inversión en recursos económicos para este tema.
 
“El gran mal proviene de la concepción del problema y en pensar de que el Estado lo único que debe hacer es recluir y hospitalizar a los pacientes mentales. Pero es mucho lo que se está dejando de hacer en el campo preventivo por falta de recursos. También es culpa de familiares que ante la poca capacidad de atender a un enfermo mental en su casa, prefieren recluirlo en el Hospital de Salud Mental”, analiza.

De acuerdo al directivo, actualmente en ese nosocomio, personal de enfermería administra cierta clase de medicamentos a los internos, que altera su estado de conciencia, afectando su estado normal a neuro-psiquiátrico, que en lugar de ayudar, perjudica.

“El Federico Mora es un espacio generador de tortura y esto no es nuevo porque antes para tratar a un paciente se utilizaban aparatos de electroshock o lo sedaban para que pasara todo el día como piedra o parados en los patios y todo esto iba en contra de sus derechos humanos. Lamentablemente este tema es deficitario y deprimente, porque los recursos asignados en el Ministerio de Salud a la salud mental son magros y pobres”, puntualiza el citado.
 
Garavito recuerda que los pacientes mentales aun con su enfermedad no han perdido los derechos que tienen como personas, los cuales son violentados constantemente y achacó que el actual Gobierno no les está prestando atención porque “implicaría un cambio de enfoque que no sea paliativo”.