El horizonte se ha despejado para la fábrica Goro Nickel, que empezará a funcionar a principios de 2009 en Nueva Caledonia, luego de que el grupo minero brasileño CVRD, que financia el proyecto, lograra calmar las tensiones con quienes se oponían a su construcción.
«Hay cada vez menos oposición al proyecto», se congratuló John Whitaker, director de la fábrica de Goro Nickel, ubicada al sur de este territorio francés en Oceanía, que tiene el 25% de las reservas mundiales de níquel, y que está terminada en sus dos terceras partes.
Unas 4.400 personas, entre ellas 1.600 extranjeros de 25 países, trabajan en la gigantesca planta, donde se tratan 60.000 toneladas de níquel y 5.000 toneladas de cobalto por valor de 3.200 millones de dólares (2.350 millones de euros).
Pese a que los costos estimados inicialmente se han sobrepasado en más de 1.000 millones de dólares, la brasileña Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) aprobó a finales de abril la financiación de la fábrica, que debe empezar a funcionar a principios de 2009 para alcanzar su plena producción entre 2011 y 2012.
«Confiamos en lograr nuestros objetivos porque ahora vemos la realidad del proyecto», añadió Whitaker.
Atrás parecen haber quedado las controversias que han acompañado a Goro Nickel desde su creación, sobre cómo integrar una fábrica química de dimensión mundial en la magnífica bahía del Gran Sur de Nueva Caledonia y cerca de las pequeñas tribus ’kanake’.
En abril de 2006, una serie de saqueos y ataques en la planta causaron daños por valor de varios millones de dólares e hicieron que el lugar contase a partir de entonces con la vigilancia de un pelotón de gendarmes.
Esa medida fue el colofón de una serie de desafortunadas medidas del grupo canadiense Inco con respecto al medio ambiente y las relaciones con las poblaciones locales.
A los errores de Inco intentó poner remedio la brasileña CVRD tras comprar el grupo canadiense en octubre de 2006.
Así, dos delegaciones de jefes de las tribus locales fueron invitadas a Brasil por CVRD para visitar sus instalaciones en el país sudamericano. A su vuelta, los líderes locales se declararon «tranquilizados».
El grupo brasileño accedió además a la petición de los representantes locales de poner en marcha una mediación internacional bajo los auspicios de una organización no gubernamental «para una mejor evaluación de los desafíos» del proyecto.
Esa mediación internacional ha sido puesta en manos de KREDDA, una asociación con sede en Holanda y especializada en la resolución de conflictos interestatales.
El grupo brasileño también ha mostrado su buena voluntad al añadir al proyecto la construcción de una fábrica de tratamiento de los residuos líquidos de la planta, cuyo vertido en la zona había suscitado gran polémica.