Hemos criticado a muchos profesionales que se despachan con la cuchara grande a la hora de cobrar honorarios que son pagados por el Estado o de manera forcivoluntaria por conglomerados de particulares. Generalmente se trata de cobros que convierten de golpe y porrazo en millonarios a quienes reciben el dinero y siempre nos ha parecido indecente ese proceder. Casos para recordar son los de aquellos abogados que en tiempos de Serrano se armaron con honorarios cobrados a la Empresa Eléctrica por faccionar escrituras que pudo haber hecho el escribano de cámara; célebre el caso del sobrino polí­tico del Presidente que se armó con el pago que le hiciera la Portuaria.

Ahora estamos frente al caso de un abogado de larga trayectoria en el sector sindical, quien serí­a beneficiado con millones a ser descontados del aumento salarial de los maestros de todo el paí­s. Tan inmoral nos parece esa situación como las otras que hemos criticado en el pasado, aunque en uno y otro caso siempre resulta que los «beneficiarios» se defienden diciendo que actúan en el marco de la ley, que no están haciendo nada impropio y que las crí­ticas que se les formulan son mal intencionadas.

Una cosa es que algo sea legal y otra muy diferente es que sea ético y que pueda calificarse como decente y moral. Efectivamente, no se puede decir que el abogado de los maestros esté haciendo algo ilegal, pero estamos seguros que cuando él tuvo conocimiento de los casos de sus colegas que en el pasado cobraron millones a la Empresa Eléctrica o a la Portuaria, lo que equivale decir al pueblo de Guatemala, se debe haber indignado por considerar poco decorosa la actitud de los profesionales.

Hoy, estamos seguros, hasta aquellos abogados que se armaron gracias a la complacencia de Serrano y de Berger, deben condenar indignados la actitud del asesor de los maestros que se alzarí­a con una millonaria suma si se concreta la pretensión de descontar una fuerte suma a cada maestro.

Y es que así­ somos siempre, rápidos para ver y condenar la paja en el ojo ajeno y lentos para ver la viga en el propio. La verdad, sin embargo, es que en todos esos casos estamos frente a hechos que pueden considerarse como negocios lí­citos, pero que por la forma en que se ejecutan caen en el plano de la inmoralidad y la indecencia más absoluta. Ni los abogados que se armaron cobrando a la Empresa Eléctrica, ni el abogado imberbe que se armó con la Portuaria ni el veterano luchador social que ahora asesora a los maestros pueden defender en conciencia lo hecho al cobrar honorarios descabellados que deben ser cubiertos en formas que lloran sangre. Es desde todo punto de vista deleznable la actitud y nadie con sentido de la ética puede defender tal atrocidad.