Un manto de incertidumbre y empaño se cierne sobre la definición del proceso de elección de nuevo Fiscal General, los plazos se agotaron, las dudas afloran por todos lados más que las críticas, varios amparos han sido interpuestos ante la Corte de Constitucionalidad, y por alguna razón sólo el que presentó el abogado Luis Carrillo es resaltado por los medios, el debate en la agenda mediática parece tornarse redundante y estancado, el listado de seis satisface a algunos y otros no, las observaciones van desde los que se conforman con el cumplimiento del proceso y promueven que se siga hasta agotar el debido procedimiento para elegir, pasando por los que se han conformado con que el debate sea público en las audiencias de la Comisión de Postulación; esta es la posición conservadora que prefiere no escarbar sobre la conveniente justificación de poner en peligro la institucionalidad. Además se pueden identificar las opiniones que previenen el riesgo de que la dinámica provocada por el mecanismo de las Comisiones de Postulación, termine rebasando a la misma ley, los que arropan esta posición salen en defensa del Estado de Derecho, son posiciones más bien liberales.
El Presidente por su lado gana tiempo y ha nombrado a la interina, la sociedad civil organizada en centros de opinión, academia de diversa índole, así como cámaras empresariales y expresiones de jóvenes aspiracionales preocupados por la Ley parecen no concitar una posición unificada; a diferencia del debate pasado alrededor de la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, donde era claro el posicionamiento en defensa del Estado de Derecho y el régimen de la Ley, en contra de la impunidad, esta vez las posiciones y el clamor de Madres Angustiadas, Pro Justicia, Foro Guatemala, Guatemala Visible, Un Joven Más, etc., etc. parecen difuminarse o por lo menos guardar cautela. La misma Cicig no ha tenido el mismo papel público.
En escenarios de débil institucionalidad como la de este país, la informalidad del poder político se impone y el «acuerdo» se sobrepone aún y a pesar de la ley; lo que está en juego con la elección del próximo Fiscal es entre otras cosas, la gestión de casos de gran relevancia política e histórica, la continuidad del reinado poderoso de los abogados a través de sus diversas expresiones colegiadas, tanto formales como informales, además se juega la posibilidad de mantener el poder creciente de las universidades privadas, especialmente de sus facultades de derecho, se disputa nada menos que el poder sobre un sistema de inteligencia que entre otros artilugios tendrá la de escuchas telefónicas para el seguimiento de investigaciones; incluso está en juego la salvaguarda de actos y decisiones políticas de hoy, que mañana puedan ser sujeto de escrutinio y persecución política y jurídica, por tanto la dimensión de la política electoral también se ve comprometida con la elección del fiscal general. Ah, olvidaba que también está en juego la honorabilidad del próximo fiscal. El guatemalteco común jamás logrará decodificar esta maraña de intereses formales e informales, he ahí la conveniencia de un método cuestionable.
El manto de incertidumbre esconde me parece, una conspiración sin precedentes. El universo que contiene la posibilidad de negocios e intereses sobre los recursos en este país es inevitablemente finito, y en el mismo deben competir poderes tradicionales, emergentes aspiracionales y mafias, por tanto es deducible que dichos poderes terminen machucándose la cola por el mismo botín, lo cual me lleva a la siguiente pregunta: ¿será posible que tradicionales y emergentes puedan pactar a través de sus respectivas redes de mafias, una conveniente y «honorable» conspiración que entre otras cosas, se garanticen el poder sobre el próximo fiscal y la elección de la nueva Corte de Constitucionalidad? ¿Si eso fuera cierto, responde a este acuerdo, la actuación de las expresiones de sociedad civil y medios de comunicación? Me parece que es la conspiración del silencio cómplice.