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La presencia de los observadores podría ser clave pues las encuestas muestran un virtual empate entre el candidato del partido de gobierno y la candidata opositora, que es la esposa del presidente que fue derrocado en un golpe de estado protagonizado por los militares. Muchos hondureños temen que la elección no se resolverá en las urnas sino mediante un fraude electoral.

«Es indudable que existe una creencia sobre la irregularidad del proceso electoral debido tanto a prácticas como percepciones al respecto», dice José Antonio de Gabriel, Subjefe de la Misión Electoral de la Unión Europea en Honduras, uno de los encargados de verificar internacionalmente los resultados.

Ese temor al fraude se finca en que la plataforma política de Xiomara Castro es muy similar a la que provocó el derrocamiento en 2009 de su esposo el entonces presidente Manuel Zelaya.

Castro propone convocar a una Asamblea Constituyente que «refunde al país» y cambie las instituciones y el sistema electoral. Aunque su bandera original de «socialismo democrático» se ha movido hacia el centro muchos hondureños siguen creyendo que su programa es demasiado radical.

La campaña del candidato oficialista Juan Orlando Hernández, por su parte, se centró en el principal problema que aqueja al país: la inseguridad. Hernández propone como solución la creación de un cuerpo especial armado, la Policía Militar, que atacará la extorsión y violencia que padecen miles de hondureños.

El comercial político más difundido por su campaña muestra a varios soldados armados tomando el control de una ciudad mientras es escucha la voz del candidato que dice que hará «lo que tenga que hacer para recuperar la paz en el país». Su estrategia política pareciera haber sido efectiva.

«¿Militares en las calles? Sí, y que se queden hasta que no haya un pandillero en la colonia», dice Lucía Soto, de 32 años, vendedora de comida en la colonia Flor del Campo, al sur de Tegucigalpa. Soto asegura que paga una extorsión de cinco dólares a la semana a una pandilla y que espera que los militares eviten que siga pagando.

Pero la oposición y muchos votantes creen que con la referencia a los militares en el comercial también se envía el mensaje de que aunque gane Castro las Fuerzas Armadas no permitirán que asuma el poder.

Hernández, de 45 años y ex presidente del Congreso hondureño, descartó cualquier intento de fraude, asegurando que es un demócrata que va a «respetar lo que diga el Tribunal Supremo Electoral en el proceso más observado de la historia», aún si el conteo de votos tarde varios días o semanas en hacerse.

Pero aún estas declaraciones sobre el proceso electoral alentaron las sospechas entre los opositores ya que tradicionalmente el tribunal entrega los resultados finales al día siguiente de la votación. Cualquier retraso en la entrega de resultados es visto con sospecha por la posibilidad de que ocurra un fraude.

El candidato a la Vicepresidencia de la oposición, Enrique Reina, dijo que no confía en el Presidente del Tribunal Electoral. «No afirmamos ni descartamos. Tenemos capacidad de realizar nuestro propio conteo y garantizarle a la ciudadanía el conocimiento de los resultados», dijo.

La Embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubiske, hizo un llamado para que se respete al Tribunal Electoral como única autoridad que puede ofrecer los resultados finales en un país acostumbrado a que sus candidatos presidenciales se declaran ganadores sin que se hayan dado a conocer los resultados finales.

La Constitución hondureña establece que el vencedor gana por mayoría simple en un sistema electoral que no prevé una segunda vuelta. El Tribunal Electoral decide si se hace un recuento de votos, o no.

La última encuesta electoral de Cid Gallup, publicada hace un mes, da un empate técnico en la intención de voto con 28% para Hernández, 27% para Castro y un 30% para otros dos aspirantes. La encuesta tiene un margen de error del 2.5%

Castro, de 54 años y quien encabezó la resistencia al golpe de estado, es apoyada por muchos hondureños que quieren evitar la continuación en el poder de un grupo que llegó a la presidencia luego del golpe de estado.

La propuesta de Castro de convocar a una Asamblea Constituyente es apoyada por un grupo importante de industriales del país. A diferencia de lo que propuso Zelaya en 2009, esta iniciativa contempla que las reformas se tramiten en el Congreso, que no se cree un poder paralelo mientras se hacen los cambios y que el modelo económico que se implante no sea de izquierda radical.

Pero muchos critican a Castro por no tener la experiencia ni la formación necesaria para ser jefe de estado y porque creen que va a ser un instrumento de poder político de su esposo.

El programa de Hernández también ha recibido críticas. Aunque algunos como el presidente Porfirio Lobo han reconocido lo controvertido que es darle a las Fuerzas Armadas funciones de policía, creen que no hay otra opción. Otros piensan que las violaciones de derechos humanos se incrementarían.

El gobierno de Estados Unidos, principal socio en materia de seguridad de Honduras, cree que la propuesta del candidato oficialista puede sepultar los intentos de reformar la policía.

«La nueva policía militar puede menoscabar los limitados recursos y distraer la atención del tema de la reforma de la policía civil», dijo un portavoz de la embajada estadounidense en Tegucigalpa cuya identidad se mantiene en reserva por no estar autorizado a dar declaraciones.

«Comprendemos que muchos hondureños apoyan a la Policía Militar porque la perciben como un mecanismo inmediato para enfrentar la inseguridad», agregó el vocero. «Sin embargo, nuestro gobierno está dirigiendo su apoyo para alcanzar la meta a largo plazo de construir una Policía Nacional de Honduras reformada, que sea transparente, competente y que cuente con los recursos adecuados para ser efectiva».

La reforma policial, conocida como la «depuración» y que tiene como propósito desvincular de la entidad a los corruptos, lleva año y medio y sus resultados han sido precarios. El anterior Ministro de Seguridad dijo que sólo habían despedido a siete uniformados, aunque el director de la policía, Juan Carlos Bonilla, aseguró que han sido 600.

No se trata de la primera disparidad en cifras clave de la policía. En agosto se realizó un censo que descubrió que se pagan 12.800 salarios pero sólo se localizó a 9.300 policías en todo el país.

En la calles, no obstante, con sus paredes abarrotadas con los carteles de los candidatos, prima la indiferencia por las elecciones en un país cuyo índice de abstención es del 50%. Honduras tiene la más alta tasa de homicidios del mundo y es el segundo más pobre de la región con casi un 70% de la población sumida en la pobreza.

Muchos hondureños creen que ninguno de los candidatos será capaz de cambiar las condiciones de vida de la población y que por ello se abstendrán de votar.

«No, yo no voto. No escucho, no sé, no miro», dice Héctor Oseguera, de 35 años, quien trabaja en un café. «A mí no me vale de nada esa gente, ni me dan de comer, ni me importan, ni me creo nada de lo que digan».