Honduras se encuentra este jueves con tres presidentes –el depuesto, el electo y el golpista- y un futuro incierto al día siguiente del aplastante rechazo del Congreso Nacional a restituir al mandatario depuesto Manuel Zelaya.
«Lo que sucedió ayer era previsible porque el golpe de Estado del 28 de junio fue un golpe institucional» y deja claro que la «oligarquía tiene un plan a largo plazo para seguir gobernando el país», argumentó el escritor y analista hondureño Eduardo Bahr.
La decisión del Congreso hace que el recién electo Porfirio Lobo vea limitado su margen de maniobra para reconciliar a los hondureños y a Honduras con la comunidad internacional cuando asuma el poder en enero, y que el depuesto Zelaya vea reducidas sus opciones a partir al exilio, hacer frente a la justicia o seguir en la embajada de Brasil, donde lleva dos meses y medio.
Por su parte, el golpista Roberto Micheletti refuerza su posición, tras apartarse temporalmente del poder durante las elecciones.
Con 111 votos en contra de la restitución de Zelaya y 14 a favor, el Congreso dominado por los dos partidos de derecha, Liberal y Nacional, liquidó además cualquier esperanza de que la clase política hondureña mostrara propósito de enmienda ante la comunidad internacional.
Estados Unidos, el promotor del acuerdo que impuso al Congreso decidir sobre Zelaya, expresó su decepción: «estamos decepcionados por esta decisión, porque esperábamos que el Congreso aprobara su restitución», dijo el subsecretario de Estado para América Latina, Arturo Valenzuela.
A la «vergí¼enza nacional» que supuso la votación, como lo definió Zelaya, contribuyó de manera decisiva el Partido Nacional de Lobo, que con 55 diputados tenía la llave para enterrar el golpe.
Ello le hubiera permitido allanar el difícil camino que le aguarda para reinsertar al país en la comunidad internacional, que ha suspendido una parte de sus ayudas, y mejorar la situación del 70% de los hondureños que viven en la pobreza.
En cambio, la decisión del Congreso consagra al gobierno de Micheletti, de la derecha más tramontana del Partido Liberal, que sin duda va a maniobrar para dar al traste con los planes de Lobo de dialogar con todas las fuerzas y formar un gobierno de unidad nacional.
«Hasta que no asuma el 27 de enero es rehén de la situación y de las decisiones que está tomando Micheletti», dijo a la AFP Francisco Rojas, secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con sede en Costa Rica.
Zelaya, por el momento, no ha dicho cuáles son sus planes. «Yo tengo que seguir luchando por mi país, aquí tengo mi gente, mis hijos, mis nietos, mis partidarios», declaró este jueves Zelaya a una radio local.
Las alternativas son seguir en la legación brasileña, donde cuenta con el apoyo del presidente Luiz Inacio Lula Da Silva, hasta que asuma el nuevo gobierno, entregarse a la justicia o exiliarse.
Tras la contundente derrota del miércoles, que dejó de manifiesto las escasas fuerzas con las que cuenta, parece poco probable que pueda ser parte del diálogo nacional, como Lobo sugirió en vísperas de las elecciones.
El nacionalcatolicismo hondureño, con Micheletti a la cabeza, ha dejado claro que le gustaría verle sentado en el banquillo de la justicia, que lo acusa de 18 delitos.
Honduras «pronto dejará de estar en el centro de la atención internacional y quedará en el ostracismo», advierte Rojas.
Esto incidirá, según Rojas, en la capacidad de uno de los países más pobres de América Latina para lograr los Objetivos del Milenio, invertir en salud y educación, crecer económicamente y crear empleo, con el consiguiente riesgo de que siga expulsando emigrantes a Estados Unidos y Europa, y que con sus remesas sostienen el 24% del PIB.
NUMEROSAS VIOLACIONES
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) afirmó este jueves tener documentadas «numerosas violaciones» a los derechos humanos desde el golpe de Estado sucedido hace cinco meses en Honduras, y exigió que se juzgue a los responsables.
«Durante su visita a Honduras la delegación de Amnistía Internacional documentó numerosos casos de violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar desde el 28 de junio cuando el presidente Manuel Zelaya fue forzado al exilio», dijo en conferencia de prensa el mexicano Javier Zúñiga, jefe de la delegación de AI.
Uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias por la policía y las fuerzas armadas, uso indiscriminado de gases lacrimógenos, malos tratos a detenidos, violencia contra las mujeres, acoso de activistas, periodistas, abogados y jueces, han sido documentados por AI en su visita de diez días al país centroamericano, afirmó Zúñiga.
«La crisis de Honduras no termina con los resultados electorales, las autoridades no pueden volver a la normalidad sin garantizar salvaguardias de derechos humanos», agregó.
El activista mexicano desplegó un arsenal de bombas lacrimógenas y gases mostaza utilizados por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y seguidores de Zelaya.
«Producen efectos meses después de haber sido lanzados», advirtió a los periodistas presentes en la conferencia de prensa.
Quemaduras, irritaciones de piel y problemas respiratorios y en los ojos son algunos de los efectos que están sufriendo las víctimas tiempo después. Los médicos no tienen tratamientos para curarlos ya que se desconoce la composición de los químicos utilizados en su elaboración, recordó.
Tras el rechazo mayoritario del Congreso hondureño a restituir a Zelaya, el miércoles, el «cuadro legal que puso en vigor el gobierno de facto está todavía en operación», alertó Zúñiga.
Varios jueces que manifestaron su oposición al golpe de Estado están en un comité disciplinario de la Corte de Justicia, señaló.
El miércoles también murió una persona que resultó herida por un retén militar antes de las elecciones del domingo.
Amnistía ha pedido a las autoridades que tomarán las riendas del país a partir del 27 de enero que revoquen toda la legislación, decretos y órdenes emitidas por el gobierno de facto, se aseguren de que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles, y que todos los implicados en las violaciones de los derechos humanos rindan cuentas ante la justicia.
Por último, también les ha pedido que elaboren un Plan Nacional para la protección de los derechos humanos, en un país donde es un tema tabú que ni siquiera le interesa a la mayoría de los medios de comunicación nacionales.
«Algo que no había visto en mis 32 años de experiencia», declaró Zúñiga a la AFP, y dijo esperar que la situación política «sea un elemento catalizador» que tiene que «abocarse a una reforma de fondo del sistema de derechos humanos».