Un decreto para erradicar el secuestro, la extorsión y el sicariato fue introducido anoche al pleno del Congreso Nacional, por el titular del Poder Legislativo, Roberto Micheletti Bain, quien respondió públicamente de esta manera a los señalamientos del Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, en el sentido que a este poder del Estado no le importaba la seguridad.
«Y ojalá que este decreto que estamos seguros que se aprobará, no quede engavetado en el Poder Ejecutivo, como han quedado otros decretos que nosotros hemos aprobado en este Congreso Nacional, más que por allí andan diciendo que a nosotros no nos importa la seguridad y no es cierto», dijo a modo de introducción Micheletti.
El decreto contempla una serie de disposiciones, entre ellas establecer un mecanismo de recompensas para motivar la denuncia contra los participantes en tales delitos, incluyendo las medidas de protección para quienes denuncien o sirvan de testigos, así como para las víctimas, sus familias y los jueces que conozcan de tales procesos.
Se establece como obligatoriedad la coordinación de esfuerzos en la prevención y combate a estos delitos, tanto las instituciones públicas como privadas.
Asimismo, se crea la unidad de prevención y combate a los delitos de secuestro, extorsión y sicariato, dependiente del Ministerio Público, encargada de prevenir y combatir estos delitos, la que debe de contar con personal técnico interdisciplinario y con tecnología de punta.
Se prohíbe también el uso de los servicios de telecomunicaciones por parte de los condenados por estos delitos, diferentes a los suministrados por la autoridad bajo cuya custodia estén, ya sea en la sede policial, fiscal o judicial.
Entre otras regulaciones, figura la venta de teléfonos móviles y sus microchip denominados SIM, a fin de que se lleven registros de usuarios que detallen sus números de serie y los datos del usuario o comprador, para evitar que sean usados en las actividades delictivas.
Y los beneficios de las medidas cautelares se prohíben para los secuestradores, sicarios y extorsionadores, según la propuesta que contó con el apoyo unánime de las bancadas del Congreso Nacional.
En este decreto se establecen condiciones especiales de confinación para quienes sean condenados por estos delitos, con el objeto de evitar su evasión y que operen grupos delictivos desde los centros penales del país.
Se incluyen también medidas especiales para que sean liquidados los bienes o valores de los delincuentes obtenidos de estas actividades delictivas a fin de resarcir a las víctimas y al Estado de Honduras.
También se crea un tipo penal para el auto secuestro, mediante la adición de un numeral al artículo 222 del Código Penal, bajo el tipo de extorsión, por ser este un delito más relacionado con el patrimonio que con el bien jurídico tutelado de la libertad.
Se incluye la obligación de evitar que al encausado, secuestrador, extorsionador o sicario, se le impida conocer a las víctimas para evitar que sean intimidadas.
El presidente del Congreso Nacional nombró una comisión de dictamen especial formada por los diputados José íngel Saavedra Posadas, Rolando Dubón Bueso, Juan íngel Rivera Tabora, Orle Aníbal Solís, Silvia Ayala, Donaldo Reyes Avelar, Toribio Aguilera, Emilio Cabrera y Rigoberto Chang Castillo.
Al mismo tiempo, le pidió a la comisión que pida la opinión a la Corte Suprema de Justicia para proceder a la aprobación de esta ley contra la extorsión, el secuestro y el sicariato.