Autoridades carcelarias de Honduras han identificado a un guatemalteco, muerto por el siniestro que se registró en un centro penitenciario de aquel país. Muchos de los fallecidos en esa prisión se encontraban sin sentencia ni condena, esperando el inicio del proceso; misma situación se da en las cárceles de Guatemala, lo que ha provocado hacinamiento.

Al menos 355 reos murieron el martes en el incendio registrado en la Granja Penal de Comayagua, en el centro de Honduras, entre ellos un guatemalteco que no ha sido identificado, confirmó a Efe una fuente del Ministerio Público.

Más de la mitad de los 856 internos de la cárcel de Comayagua, al norte de la capital del país centroamericano, aguardaban juicio o estaban retenidos como supuestos integrantes de pandillas, según el informe que envió este mes el Gobierno hondureño a las Naciones Unidas.

De acuerdo con el informe, que obtuvo en exclusiva la  AP, todos los días había en esa cárcel unos 800 reclusos cuando el cupo era para 500. Sólo laboraban 51 guardias en el día y apenas 12 durante la noche, que fue el caso cuando ocurrió el incendio.

Muchos individuos estaban encarcelados sólo porque llevaban un tatuaje, de acuerdo con las estrictas leyes contra las pandillas en Honduras, según el informe. Naciones Unidas condena esta práctica al considerarla una infracción a la ley internacional.

HACINAMIENTO EN GUATEMALA

En los 22 centros de reclusión a nivel nacional, con que cuenta el Sistema Penitenciario, existe aproximadamente un 99 por ciento de hacinamiento, según Rudy Esquivel, vocero de dicho Sistema.

El centro con mayor cantidad de población recluida es el Centro Preventivo de Hombres de la zona 18; este reporta 3,358 privados de libertad, cuando su estructura, inicialmente cuando se creó, jurídicamente estaba para un máximo de 1,400.

Este incremento de acuerdo con Esquivel, se ha venido denotando en los últimos 6 años, principalmente por aquellos que llevan más de un año en prisión preventiva sin que hasta el momento se resuelva su situación jurídica.

Ramón Cadena, director de la CIJ –Comisión Internacional de Juristas– para Centroamérica, indica que es un problema general que hay en la administración de justicia en Centroamérica, sobre todo Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala.

En el sentido de que los procesos no se llevan con la celeridad que se requiere y que afectan seriamente los derechos de las personas que están detenidas con una prisión preventiva y que su caso no es resuelto.

Oswaldo Samayoa, director de Incidencia Política del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales –ICCPG–, asegura que la prisión preventiva ha sido un tema mal manejado en Guatemala.

El primer elemento, es que los argumentos políticos que se dan a partir de los partidos políticos, es que con la cárcel van a resolver el problema de seguridad “lo cual es mentira” y lo que hacen a partir de eso, es generar que la mayoría de delitos sean excarcelables, es decir, que a todos los delitos el juez tenga que dictarle prisión preventiva.

Asimismo, asegura Samayoa, los juzgadores en este momento han caído y no sabemos por qué, en suspender audiencias constantemente; hay un incremento de suspensión de audiencias dentro del Organismo Judicial, que lo que hace es atrasar los procesos.

Y un tercer elemento que sería más administrativo dentro del Sistema Penitenciario, es que nuestras condiciones de privación de libertad no son las adecuadas, y esto incrementa el hacinamiento existente.