Ayer, hace un año, Roberto Micheletti, entonces presidente del Congreso de Honduras, leyó una carta falsificada ante sus colegas diputados en donde el presidente constitucional, Manuel Zelaya, presentaba su renuncia. Horas antes, Zelaya habí­a sido sorprendido por un grupo de militares que, a punta de pistola, lo subieron a un avión rumbo a Costa Rica. El primer golpe de Estado de Latinoamérica del siglo XXI habí­a sido consumado. Micheletti fue nombrado como presidente del paí­s centroamericano y, para asegurar la «vuelta al orden de la nación», el Ejército tomó las calles.

Desde entonces, miles de personas exigieron que se respetara la institucionalidad en el paí­s. El toque de queda permanente fue la respuesta de un gobierno de facto y usurpador del poder que dejó, como consecuencia, alrededor de 40 personas muertas.

La situación en Honduras nos reveló que el pasado lo encontramos a la vuelta de la esquina. Los grupos más conservadores, integrados por esa oligarquí­a que controla la mayorí­a de los medios de producción y que tiene a su servicio una buena parte de la clase polí­tica y al Ejército, están vivos y, para mantenerse con fuerza, se valen de intelectuales orgánicos que repiten una y otra vez que el golpista fue Zelaya y nadie más. Si no, revisemos las ideas que se difundieron por varias columnas de opinión en los medios de comunicación en donde el golpe de Estado empezó a llamarse «transición democrática» y Micheletti dejó de ser un presidente de facto para convertirse en un «presidente interino».

Y no digamos la anuencia de los empresarios guatemaltecos que se ofrecieron a ser observadores de las elecciones convocadas por los golpistas y que se realizaron bajo un toque de queda; también fueron en romerí­a a Tegucigalpa para nombrar a Micheletti como un ejemplo de la defensa de la democracia. En sintoní­a, las declaraciones del ex militar y jerarca del Partido Patriota, Otto Pérez Molina, que apoyó la operación militar. Y aunque en un principio, aún temeroso por la oleada de las «camisas blancas», el presidente ílvaro Colom condenó el golpe, ahora es uno de los principales promotores para que los paí­ses latinoamericanos reconozcan al gobierno de Porfirio Lobo.

Todos ellos, invocan la democracia como un sistema polí­tico que permite polí­ticas a favor de sus intereses. Pero si alguien se atreve a cuestionar alguno de sus paradigmas, se vuelven contrarios a su discurso, se valen de la fuerza para echar al traste a un Gobierno electo democráticamente y construyen mensajes que son interiorizados por la población para validar sus oscuras prácticas.

Frente a estos intereses que no hacen más que reproducir el sistema de violencia, se conformó en Honduras el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), integrado por organizaciones sociales que insisten en que la violencia no es una actitud ejemplar y exigen que no se reconozca a un gobierno electo bajo un estado de sitio.

Para registrar las violaciones que han ocurrido desde el golpe, el FNRP instaló ayer una Comisión de la Verdad, integrada por varias personalidades, entre ellas, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, Nora Cortiñas. Según organizaciones sociales hondureñas, desde que Lobo asumió el poder, se han contabilizado 700 agresiones por motivos polí­ticos, el asesinato de doce dirigentes sociales y de nueve periodistas.

No es cierto que Honduras ahora se encuentra en calma. No es cierto que el golpe de Estado le vino mejor a la población hondureña. La resistencia lleva ya un año, y esas organizaciones sociales que la integran, representan la verdadera democracia, no la oligarquí­a, ni los grupos polí­ticos ni los militares que promueven la violencia.