El olor fétido de aguas negras, las viviendas improvisadamente fabricadas con láminas de zinc y un camino de tierra que recibe a los visitantes del asentamiento La Paz, son la evidencia del riesgo habitacional en el que se encuentran los vecinos de esa localidad, en donde fácilmente se encuentra a familias de hasta ocho integrantes. Este lugar se suma a los más de 200 asentamientos capitalinos, donde la ausencia de servicios básicos y la falta de oportunidades de estudio y empleo convierten a la niñez y juventud en presa fácil del crimen organizado, y mientras esto sucede, no se registran propuestas contundentes por parte de los gobiernos nacionales y municipales para enfrentar los retos de seguridad y prevención de la violencia.

“Mañana vienen los diputados. Está atenta porque dicen que nos van a apoyar”, dice una mujer, con evidente emoción, a la dependiente de una pequeña tienda en el asentamiento La Paz. 

En esa localidad, la mujer espera que las noticias que llevarán los funcionarios sean positivas, para ella y sus vecinos. Se trata de personas que viven bajo el puente Belice, en residencias sencillas y expuestas a todo tipo de riesgos. A pesar de las promesas fallidas que cada cuatro años les hacen, aún tienen la esperanza que con una nueva elección, sus problemas puedan ser atendidos.

Al mismo tiempo, un grupo de niños, de entre 3 y 10 años, juegan bajo el sol radiante de una tarde de miércoles, como si no existiera ningún peligro.

Con cierto grado de desconfianza, los niños observan la presencia de extraños, a quienes después de una larga conversación sobre sus juegos favoritos y metas a futuro, confí­an que les gusta vivir en el asentamiento.

Algunos están familiarizados con la violencia; describen cómo fue el hallazgo de un hombre muerto a balazos, cómo es normal la portación de armas en sus casas y reconocen la latente amenaza de ser vecinos de jóvenes delincuentes.

Al consultarles sobre qué opinan de esos grupos, responden: “hay que matar a todos los mareros”. Pero a pesar de externar un evidente desprecio por las pandillas, admiten que admiran la motocicleta “Ninja” en la que esos jóvenes se transportan, así­ como la comida chatarra que constantemente consumen y a la que ellos no pueden tener acceso, pues ni siquiera tienen una vivienda digna.

CONDICIONES PRECARIAS

De acuerdo con cifras de la Municipalidad de Guatemala, en la capital se registran de forma oficial 219 asentamientos, de los cuales, según la institución, el 97 por ciento cuenta con servicio de agua potable y alumbrado eléctrico, mientras que el 75 por ciento con drenajes sanitarios.

Rafael Paiz, portavoz de la Municipalidad, dice que en la estadí­stica no figuran las áreas que se encuentran en barrancos, pues estos no son habitables y tampoco están legalizados por la comuna capitalina.

Pese a estas declaraciones, las visitas realizadas a varios de estos sectores dan cuenta que la mayorí­a carece de servicios básicos y de condiciones dignas para vivir, y en los casos donde sí­ se cuenta con servicios, son económicamente inalcanzables para las mayorí­as.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), públicamente ha dado a conocer el nombre de estos lugares, según los datos de la Municipalidad de Guatemala.

De acuerdo con Abner Paredes, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), es evidente que los asentamientos donde residen familias y sobre todo, jóvenes y niños en riesgo no son atendidos efectivamente por las instituciones de gobierno. Esa es una de las razones por las que proliferan situaciones de violencia.

“Podemos afirmar que todos los asentamientos, áreas urbano-marginales o zonas rojas como se les ha denominado no están siendo atendidas efectivamente por parte de las instituciones; a pesar de que el actual gobierno distribuyó la bolsa solidaria y se implementaron algunos programas, no se hizo de forma sostenida, sino utilitaria”, dice el entrevistado.

Según Paredes, ni el gobierno de í“scar Berger ni el de ílvaro Colom han logrado incidir de forma contundente en las áreas donde reside la niñez y juventud guatemalteca, pues aunque han realizado propuestas, hace falta evaluarlas para determinar si ofrecen el resultado esperado.

¿COMPROMISO O PROMESA?

De acuerdo con CALDH, las propuestas de los últimos dos presidenciables se quedaron en papel, porque si se hubieran implementado, los altos í­ndices de violencia habrí­an disminuido. Pero está sucediendo todo lo contrario.

“Las propuestas que se han hecho desde el gobierno son para quedar bien con la cooperación y tener la cara limpia, pero en la realidad no ha existido inversión en los programas. Pero sí­ ha habido inversión en equipar al Ejército y a la Policí­a, lo que nosotros catalogamos desde una perspectiva de represión a la juventud y no de prevención”, dice Abner Paredes.

El análisis de la organización social da cuenta que en el gobierno de í“scar Berger se propuso la Polí­tica Pública para la Prevención de la Violencia Juvenil y Cultura de Paz, pero no se logró implementar.

En el gobierno de ílvaro Colom se crearon los programas de Escuelas Abiertas y Escuelas Seguras.  El primero tiene como propósito capacitar a jóvenes y niños en diferentes áreas, así­ como ofrecerles espacios agradables; sin embargo, este fue implementado únicamente los fines de semana, lo que a criterio del activista, “la juventud no existe sólo los fines de semana”.

En el caso de las Escuelas Seguras, con el que se buscaba detener la violencia entre institutos, se llegó a la conclusión, de acuerdo con las organizaciones sociales, que se violó el principio de derechos del niño, según la Convención de los Derechos del Niño, al instalar cámaras de video en los centros educativos.

¿REPRESIí“N O PREVENCIí“N?

El 11 de septiembre los guatemaltecos acudirán a las urnas para elegir al próximo Presidente de la República. Algunas de las propuestas para combatir la inseguridad se basan en la Ley Antipandillas y la Pena de Muerte, ofertas que según Pedro Cruz, de Jóvenes por Guatemala, no serán el remedio para combatir los flagelos que azotan al paí­s.

“Creo que los partidos polí­ticos han utilizado el tema de la pena de muerte, la Ley Antipandillas como una herramienta de marketing para posicionarse en la campaña polí­tica. Está claro que en paí­ses cercanos a Guatemala, como Honduras y El Salvador, una ley antipandillas no funciona, está totalmente comprobado”, dice.

Según el entrevistado, si se apuesta por una polí­tica de prevención y se invierte lo necesario, los resultados serán exitosos. Algunas organizaciones ya lo han demostrado, con evidencias concretas.

“Hay organizaciones civiles que se han tomado la tarea de implementar programas exitosos como Asociación Alianza Joven y Grupo Ceiba, que trabajan con jóvenes en riesgo, bajo la lí­nea de prevención sobre la educación, las oportunidades y el fortalecimiento de algunas organizaciones ligadas al trabajo con la juventud guatemalteca”, indica el lí­der juvenil.

Cruz dice que la nueva administración de Gobierno debe encaminar su trabajo en la calidad educativa, generar condiciones adecuadas para que la iniciativa privada también pueda ofrecer empleos, y a su criterio, evitar las medidas represivas, pues no solucionarán los problemas de inseguridad del paí­s.

“Estoy totalmente en contra (de la pena de muerte y las leyes represivas), creo que se debe respetar la dignidad de las personas, la vida nos la ha dado Dios y sólo í‰l puede decir cuándo se termina”, concluye.