El Partido Republicano busca reforzar su posición entre las minorías en Estados Unidos y ha dispuesto que sus astros hispanos entren a escena en la campaña política con vistas al próximo proceso electoral, entre el temor de que el tono severo hacia la migración por parte de algunos precandidatos presidenciales es cada vez más antihispano.
Sin embargo, los grupos defensores de los derechos de los migrantes y algunos observadores políticos coinciden en que el daño hecho, más recientemente durante la elección interna de esta fuerza política, podría ser ya irreversible.
Aseguran que el Partido Republicano ha dañado su imagen mientras corteja el voto latino, que podría ser determinante para ver quién gana en estados cruciales como Nuevo México, Nevada, Colorado y la Florida.
Mitt Romney «está acabado», dijo DeeDee Blase, fundadora de Somos Republicanos en Arizona. «Será afortunado si logra 8% del voto hispano», agregó.
Romney había dicho que podría vetar una legislación que ayudaría a lograr la ciudadanía a algunos migrantes ilegales y aceptó el apoyo del activista antiinmigrante, Kris Kobach, arquitecto de dos de las leyes más estrictas contra la inmigración ilegal en el país.
Romney, favorito para lograr la candidatura presidencial republicana, describió como una dádiva la llamada Ley DREAM.
Esta ley puede favorecer la legalización de algunos migrantes jóvenes que carecen de permiso para estar en el país y que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños si asisten a la universidad o si han servido a las fuerzas armadas estadounidenses.
Otros principales contrincantes de Romney, como el gobernador de Texas, Rick Perry; el exsenador de Pensilvania Rick Santorum; y el representante de Texas Ron Paul también han asumido posturas estrictas contra la migración durante la campaña.
Debido a la severidad de las expresiones de todos estos políticos sobre el tema, su correligionaria, la gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, incluso les ha advertido que cuiden sus declaraciones.
«Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: Debemos bajarle de tono al discurso, y debemos tener una conversación sincera, honesta con los electores», dijo el pasado miércoles Martínez poco después de que el Comité Nacional Republicano anunciara que había contratado a un director para actividades de divulgación entre los hispanos y decidido ampliar su acciones entre la comunidad latina.
La gobernadora Martínez figura entre los políticos populares de ascendencia hispana a quienes los republicanos desplegarán en los próximos meses en los estados que serán campo de batalla electoral.
Diversos dirigentes del Partido Republicano consideran que existe un motivo para obrar de manera urgente y bajarle de tono al discurso sobre la migración ilegal.
Según proyecciones del gobierno, para 2050, los hispanos representarán aproximadamente 30% de la población de Estados Unidos, el doble de su proporción actual, lo cual se traducirá en un incremento de la fuerza política de esa comunidad.
Ante la proclividad histórica de los hispanos hacia los demócratas, los republicanos consideran que la fuerza de esta organización podría verse amenazada en el futuro si no logra hoy avances con esta minoría políticamente esencial.
Alistan pleito
Diversos grupos en defensa de los derechos de los migrantes se preparan para impedir que el gobierno de Nuevo México revoque una ley que le concede la licencia estatal de conductor a algunos migrantes ilegales en Estados Unidos.
La organización Somos un Pueblo Unido y otros grupos afines preparan una manifestación y gestiones de cabildeo para mañana, cuando el Congreso estatal comienza un nuevo período de sesiones. Esas organizaciones han realizado encuentros comunitarios en todo el estado para organizar a migrantes, estudiantes y dirigentes religiosos.
Los legisladores sesionarán durante 30 días, principalmente sobre el presupuesto estatal, pero la gobernadora Susana Martínez los ha presionado para que primero anulen esa ley, que fue un objetivo clave en su campaña por el cargo.
«No sé qué más puede examinarse (sobre la ley)», dijo Martínez. «Lo que simplemente necesitamos hacer es sentarnos y votar sobre el asunto. Nada más votar».
No obstante, la directora de Somos un Pueblo Unido, Marcela Díaz, consideró que los políticos van de nuevo contra ley estatal de licencias de conductor solamente para ganarse el apoyo de los votantes antiinmigrantes en este año electoral.
«Esto es parte de una historia más grande para perseguir a los inmigrantes», dijo Díaz, quien organiza a grupos en el estado para las acciones de mañana. «La ley es un incentivo para que los inmigrantes respeten la ley estatal y da más seguridad en el estado». Las oficinas de su grupo están en Santa Fe.
Nuevo México es uno de los tres estados en que los inmigrantes ilegales pueden conseguir la licencia de conducir porque no pide el documento de ciudadanía. Los otros dos estados son Washington y Utah, pero los permisos de Utah no funcionan como documentos oficiales de identificación.