Creemos que es adecuada la decisión del Ministerio Público de accionar contra los propietarios y responsables del Banco de Comercio por los delitos que cometieron en el manejo de la entidad y al defraudar a los clientes. Pero nos preocupa seriamente ver que esa acción penal no se enderece de la misma forma ni con el mismo interés contra los responsables de otras situaciones similares, como la del Banco del Café, puesto que evidencia que existe una especie de doble rasero o la confirmación de que aquí­ existe diferente trato para hijos y para entenados, para usar una frase muy corriente en nuestro medio.

No existe gran diferencia entre lo que ocurrió en uno y otro caso, puesto que resulta que los dos bancos tení­an oficinas no reconocidas ni detectadas por la pobre Superintendencia de Bancos que en el mismo inmueble de las oficinas centrales captaban fondos utilizando papelerí­a engañosa que hací­a creer a los clientes que estaban situando su dinero con el suficiente respaldo. Pero en un caso ya hay órdenes de captura y se ha declarado prófugos de la justicia a los responsables, mientras que en el otro pareciera que quieren enderezar todas las acciones contra un empleado, de alto nivel pero empleado al fin y al cabo, mientras que los dueños evaden toda responsabilidad.

Insistimos en que la confianza en el sistema financiero volverá cuando la gente se dé cuenta que quien se clava el dinero de los ahorrantes termina en la cárcel y que deben devolver el dinero mal habido. No puede ser que todos los recursos sean desviados a empresas vinculadas que tranquilamente se quedan con los fondos de los clientes del banco, mientras que entre todos los ciudadanos tenemos que hacer contribución para reponerles el dinero a los ahorrantes. Porque sea del FOPA o sea de las arcas nacionales, de todos modos es el público el que está sufragando los gastos de la reposición del dinero a los que porfiadamente confiaron en bancos que fueron mal manejados.

El FOPA se nutre con aportes de los bancos, pero éstos no los deducen de sus ganancias, sino que encarecen los servicios al público para cubrir sus aportaciones. En otras palabras, todos los clientes del sistema somos los que financiamos la constitución del Fondo de Protección y por lo tanto no es justo que se siga permitiendo ese tipo de malos manejos ni que las autoridades limiten su función a actuar cuando el daño ya está hecho, cuando la única reparación es pagar al cliente con dinero ajeno mientras los beneficiarios de los créditos vinculados se matan de la risa.

No puede haber juego polí­tico en el trato que se dé a los que manejan mal los bancos. El castigo tiene que llegar para todos y no es justo que mientras los clientes sufren (algunos hasta pierden la vida), los responsables anden risa y risa por el paí­s como si lo hecho hubiera sido una enorme gracia.