Un estudio realizado por el Colectivo Casa Artesana y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), revela que la falta de identidad, de escolaridad y el estigma son problemas que actualmente afectan a los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad.
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Sandra Morán, del Colectivo Artesana, explicó que el estudio se realizó en nueve centros de privación de libertad del Sistema Penitenciario (SP) y en siete de las comisarías de la Policía Nacional Civil (PNC) y surgió como seguimiento a un monitoreo sobre las condiciones de las mujeres privadas de libertad.
De acuerdo con el informe, un total de 1 mil 542 mujeres están recluidas en el SP y 74 en las sedes policiales de la PNC, lo cual hace un total de 1 mil 616.
Los hallazgos de las investigaciones revelan que actualmente 385 menores de edad conviven con sus progenitores en los centros carcelarios del SP y 34 en las comisarías de la institución policial.
La información agrega que de este porcentaje 176 infantes no están inscritos en el Registro Nacional de las Personas (Renap), que equivale a un 8 por ciento y 26.4 por ciento no estudia.
Por otro lado, se explica que el estigma de los menores de edad, hijos de personas detenidas, se evidencia en las escuelas, en la calle y en la casa.
En el caso de los infantes que conviven fuera del centro –más de 2 mil-, la situación también es compleja, pues el 31.51 por ciento está a cargo de sus abuelas maternas, aunque otro 10.37 por ciento vive bajo los cuidados colectivos de varias personas.
Christian Skoog, representante de Unicef para Guatemala, dijo que es necesario abordar los temas de los menores que conviven con sus madres, pero también quiénes están fuera de los centros, que también son afectados.
“Siempre es una situación difícil, hay casi 2 mil niños lejos de su madre, siempre es una situación difícil pero hay variaciones, niños que viven normal, pero otros no tienen alternativa a la familia. El objetivo del estudio es mostrar la situación de los niños para dar respuesta y buscar soluciones apropiadas”, explicó.
En el evento participaron autoridades del viceministerio de Prevención del Delito y la Violencia del Ministerio de Gobernación (Mingob), de la Procuraduría General de la Nación (PGN), de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y también del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).