El Congreso de la República aprobó el año pasado una serie de reformas de ley para el combate al crimen organizado; no obstante, éstas han generado resultado sólo en procesos denominados de «alto impacto».
El 5 de agosto de 2009, con la inusual presencia de una mayoría de diputados y diputadas en el palacio legislativo, fueron aprobadas, por unanimidad y con el apoyo de los 144 congresistas, las primeras reformas de Ley solicitadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Las reformas fueron emitidas de urgencia nacional.
A criterio de fuentes del Ministerio Público (MP), las recién aprobadas reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado han sido efectivas, hasta ahora poco se han aplicado a casos de «menor impacto» social, según se reconoce esa instancia.
En casos como el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, las figuras legales de «colaboradores eficaces», incluidas en el paquete de reformas de ley para mejorar la persecución penal, han sido útiles para la individualización de otros involucrados.
No obstante, casos como los cotidianos asesinatos a pilotos del transporte colectivo, en los que a criterio de analistas interviene el crimen organizado, no son resueltos con la misma eficacia que el primero.
EFECTIVIDAD
Sandino Asturias, analista en temas de seguridad del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), considera que la ley en mención sigue necesitando algunos ajustes para que se conviertan en herramienta de persecución penal y combate adecuado del crimen organizado.
Asturias resalta la importancia de la legalización de las escuchas telefónicas y su incidencia en casos especiales de investigación: «í‰se es un elemento que ha sido abusado por poderes militares y privados y el hecho de haber establecido un procedimiento judicial para ello ha servido para adecuadamente combatir el crimen organizado», indicó.
El analista detalla como resultados, los casos de extorsiones y tumbes de droga en los que han estado involucrados agentes y altos mandos de la Policía Nacional Civil, y agrega que es un instrumento eficaz en manos de las autoridades competentes para combatir adecuadamente el crimen organizado.
Asturias citó que las deficiencias en el MP para la aplicación de instrumentos como las escuchas telefónicas es que la unidad que las ejecuta cuenta con un promedio de veinte agentes, cuando en el país ocurre la misma cantidad de asesinatos diarios; por lo que consideró que faltan y deben darse recursos humanos y adecuados para ampliarla y utilizarla en otros casos.
El analista resaltó que las peticiones de la CICIG y la ampliación de recursos van en dirección de fortalecer y ampliar las capacidades de esas herramientas que actualmente son limitadas: «Es evidente que se necesitan mejoras para poder ampliar los instrumentos de investigación criminal y utilizarlos en casos de secuestros, extorsiones y narcotráfico, pero si es necesario el MP debería utilizar estos instrumentos para alimentar la investigación criminal frente a los altos niveles de violencia común.
EN LA FISCALíA
Rony López, titular de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado del MP, resaltó en las recientes reformas la modificación en la pena y figura del delito de extorsión, la colaboración eficaz, los cambios a la Ley de Armas y Municiones y la inclusión del secuestro rápido en la modificación del artículo del Código Penal que contempla esa figura.
«A nosotros nos ha ayudado en mucho, sobre todo en la modificación de los delitos, por ejemplo: cuando roban un vehículo y retienen a la víctima para hacer desactivar la alarma ya se convierte en plagio y secuestro y por ende implica una condena más alta para el criminal», detalla López.
El fiscal contra el Crimen Organizado insiste en que las reformas son útiles porque las acciones de la fiscalía «son más drásticas», y refiere además la figura delictiva de extorsión, la cual fue modificada para que se imputara con «cualquier medio de comunicación» y no sólo por la vía escrita, como especificaba el artículo anteriormente.
Sin embargo, López reconoce que aunque esas herramientas han servido, sólo se han utilizado en casos menores: «Sí se han utilizado en casos pequeños, pero muy poco», explica el fiscal.
López fue consultado respecto a si la fiscalía que preside carece de recursos para la aplicación de esos instrumentos legales creados para mejorar la persecución penal, y respondió: «El MP tiene que ser tan grande como la magnitud de delitos que han ocurrido en el país; en 2009 se creó la unidad contra extorsiones y fueron abiertas cuatro agencias más y vamos creciendo para mejorar», enfatizó.
CRíTICA
A criterio de Aníbal García, diputado de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, hasta ahora no existe una estadística oficial que indique cuál es el resultado objetivo del uso de estos instrumentos: «lo único que está claro es que son herramientas que se establecieron para luchar contra la delincuencia y deben funcionar», indicó.
Sin embargo, el diputado consultado fue severo en criticar los hasta ahora públicos resultados de las herramientas que generó la reforma a la citada ley: «Esperaría que no sólo en casos de alto impacto político como el de Rosenberg se utilicen estas herramientas», enfatizó.
García considera importante que esa ley se aplique «en delitos de todo tipo porque sería lamentable que sólo tuviéramos resultados en algunos casos y que los mismos fiscales y jueces se abstuvieran de utilizar esas herramientas en otros casos», agregó.
El diputado añadió que estas herramientas «no son exclusivas para casos de alto impacto político» y que a su criterio, el problema radica en que el MP tiene una gran deficiencia en el tema de investigación criminal y en la preparación de los investigadores.
El entrevistado dijo criticó finalmente que el MP «hace clasificación en que los hechos de narcotráfico y asesinatos de impacto político son del crimen organizado, pero la delincuencia común es cada vez menos común y de gran nivel y debe verse ya como crimen organizado de gran escala y aplicarse la ley en esos casos», enfatizó.
Según la fiscalía contra el crimen organizado, la nueva figura delictiva establecida en la ley citada, permite una más efectiva acusación contra bandas ligadas a las extorsiones contra pilotos y comerciantes de la capital y los departamentos.
La última aprehensión de los miembros de uno de estos grupos criminales fue ejecutada el sábado 9 de enero último: supuesto integrantes de una clica de la «Mara 18» fueron capturados por su vinculación en extorsiones a pilotos de buses del municipio de Mixco. Entre ellos figura un menor de 17, una mujer y su hija.
El grupo estaba conformado por seis personas, cinco de ellas residían en los sectores de Chinautla, San José Las Rosas, ciudad capital y el departamento de Totonicapán, todos tenían orden de aprehensión por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.
Otras bandas dedicadas a ese acto ilícito han sido desmanteladas; según el MP, las escuchas telefónicas han coadyuvado a la individualización de estos, quienes operan en algunos casos desde las cárceles del país.
La aplicación de escuchas telefónicas permitió al Ministerio Público presentar pruebas contundentes contra un grupo de ex integrantes de la Policía Nacional Civil, quienes según la acusación dieron apariencia de legalidad en la detención de un furgón que contenía un fuerte cargamento de cocaína para robarla.
La fiscalía contra el narcotráfico solicitó la aprehensión de once integrantes de una banda criminal, que según las investigaciones era liderada por Porfirio Pérez Paniagua, ex director de la institución policial, quien permanece en prisión además de ese hecho, por el robo de una fuerte suma de dólares incautados en Chimaltenango.
Las llamadas telefónicas entre los integrantes de esa banda criminal son ahora las pruebas más fuertes que la fiscalía tiene contra los policías sindicados. Según el MP la estructura criminal está integrada en su mayoría por miembros de la PNC y ésta era liderada por Pérez Paniagua y Héctor David Castellanos Soto, ex director de operaciones de esa institución, quienes están acusados del robo de más de 800 kilos de cocaína, encontrados en el bulevar las Buganvilias, zona 18.
Tres son los testimonios por medio de videoconferencias, que el juzgado contralor del caso contra catorce posibles partícipes del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, recibió durante la fase intermedia del proceso. Los declarantes también se acogieron a la figura de «colaboradores eficaces», establecida en la recién reformada Ley.
Jesús Manuel Cardona Medina, Mario Luis Paz Mejía, y Carlos Humberto Aragón Cardona fueron quienes presentaron su testimonio como prueba anticipada y buscan beneficios judiciales como: la suspensión de la persecución penal en su contra, un criterio de oportunidad, con el que MP renunciará a las acusaciones en su contra.
La declaración de los «arrepentidos» dio como resultado orden de captura girada en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, en contra de Francisco y José Estuardo Valdez Paiz, empresarios de la industria farmacéutica, a quienes los colaboradores pudieron haber señalado de ser los autores intelectuales del asesinato contra Rosenberg.