Luego de que fuera presentada la iniciativa 4306 que pretende aprobar la Ley de Registro Móvil para la Prevención del robo de celulares y la extorsión, la Gremial de Telecomunicaciones, a través de su Presidente, Sergio Hernández, cuestiona su aplicabilidad práctica y su eficiencia para lograr dichos fines.
El 11 de octubre del año en curso, Diario La Hora presentó las opiniones del diputado Francisco Contreras, ponente de la iniciativa 4306, la cual pretende, la creación del Registro ya identificado. En esa oportunidad, la Gremial ofreció enviar su postura, extremo que hizo llegar a la redacción de este diario el día de ayer.
En ella, el Presidente de la Gremial manifiesta que ante el rotundo fracaso que medidas similares han tenido en países como México, que cuentan con instituciones de identificación de personas que son más robustos que Guatemala, la iniciativa debe, por lo menos, ser objeto de mayor análisis indicó Hernández, quien agregó que los operadores de telefonía y la Superintendencia de Telecomunicaciones invitaron al diputado ponente de la iniciativa a discutir bajo un enfoque técnico el contenido de la misma, pero no fue posible contar con su presencia, únicamente la de su asesor.
“El problema de inseguridad tiene de rodillas al pueblo de Guatemala. Nadie es ajeno al enorme sufrimiento que se ocasiona diariamente a muchísimas familias guatemaltecas cuyos integrantes han sido víctimas de actos de violencia, como el despojo de su celular, su billetera, su vehículo, y en general, de cualquier pertenencia que lleven consigo al momento de la comisión del ilícito. Le puedo asegurar que las empresas de telecomunicaciones son las principales interesadas en reducir el robo de teléfonos. El negocio de una empresa de telefonía no es vender aparatos telefónicos, pues normalmente los tiene que ofrecer al público debajo de su precio de mercado. El negocio de una empresa de telefonía es la venta de tiempo de aire, que se afecta enormemente debido al temor que tenemos los usuarios de utilizar el teléfono en lugares públicos. Para lograr combatir el robo de teléfonos es indispensable que las autoridades combatan frontalmente el flasheo de aparatos, actividad que, contrariamente a lo que se ha afirmado, ya está tipificada y penalizada por la ley. Al día de hoy no hay un solo condenado por realizar esta actividad ilícita.â€
De acuerdo a Hernández, la implementación de la ley que obligó a la creación de una Base de Datos de Teléfonos Robados depende de diferentes actores, dentro de los cuales se incluye a los operadores de telefonía, quienes su juicio han cumplido al pie de la letra lo que les corresponde, y de hecho han acordado con el Gobierno algunos procedimientos que permiten agilizar algunas disposiciones de dicha ley, tales como la forma en que las denuncias deben ser presentadas.
“Pero es de balde que se cumpla a cabalidad con la actualización de dicha Base, mientras no se castigue a quien altere mediante el flasheo los datos de identificación de los aparatos, o mientras no se decomisen los aparatos robados que abierta y públicamente se venden en las calles. Está plenamente demostrado que la obligación de registrar la totalidad de aparatos móviles, tal y como se ha intentado en algunos países de América Latina, no ha tenido incidencia alguna en el robo de celulares, ya que los mecanismos de control y seguridad ciudadana son fácilmente eludibles por los delincuentes†dijo el representante de la Gremial.
“Pretender erradicar los robos telefónicos y las extorsiones telefónicas mediante la obligación para todos los usuarios de registrar sus aparatos, y realizar dicha actividad cada vez que trasladen la propiedad de los mismos es tan ingenuo como pretender erradicar la utilización de armas de fuego en hechos ilícitos mediante el registro de las armas de fuego†continúo Hernández.
“Las sanciones para quienes roban teléfonos utilizando armas es de 6 a 12 años de prisión y las sanciones para quienes comercialicen teléfonos robados o alteren su IMEI es de 4 a 12 años de prisión mil. Son penas bastante graves… Sin embargo, increíblemente el mismo diputado ponente de una nueva iniciativa ha manifestado en foros públicos que al día de hoy no se penaliza el robo de celulares. Este desconocimiento solo genera confusión en la población, pues es absolutamente falso que dicho delito no esté tipificado. De la misma forma ha asegurado que a través de la nueva iniciativa se obligará a que los operadores registren en una base de datos los teléfonos que sean reportados como robados. Esta obligación está vigente desde hace más de cuatro años, y se cumple al pie de la letra, extremo que él parece desconocer.â€
A juicio de Hernández es lamentable que la ley haya tenido dictamen favorable y que la hayan apoyado diversas organizaciones, hecho que demuestra poco análisis. Según la Gremial, la mayoría de guatemaltecos no tendrán acceso a la telefonía móvil el día que aprobaran tal iniciativa, teniendo que presentar recibo de agua, luz o teléfono para ser inscritos.
La Gremial de Telecomunicaciones solicita que se asignen más policías e investigadores al robo de celulares, que se realicen operativos para combatir el flasheo y decomisar celulares robados y que de las cárceles del país no pueda sacar llamada, “solo así, podemos evaluar si la ley actual es funcional o noâ€, concluyo.