La Corte Suprema de Costa Rica desistió de investigar a un juez que prestó asesorías al gobierno, algo prohibido por la Constitución, mientras un funcionario que testificó ante el Congreso atribuyó responsabilidad en esta cuestionada práctica al hermano del presidente Oscar Arias.
Por doce votos 12 contra 10, la Corte Suprema declinó ayer en una sesión secreta abrir una investigación contra el magistrado de la Sala Constitucional Federico Sosto por brindar asesorías al gobierno, que pagaba consultorías a numerosas personas con fondos donados por Taiwán para mejorar barrios pobres.
Los dineros taiwaneses estaban depositados en una cuenta en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), desde donde eran girados por el gobierno al margen del presupuesto público.
Por este escándalo testificó anoche ante el Congreso el director costarricense del BCIE, Alfredo Ortuño, quien declaró que el hermano del presidente Arias y ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, era quien comunicaba al Banco Centroamericano a quién debía contratar para brindar las asesorías.
«Don Rodrigo, como jefe del Ministerio de la Presidencia, y siendo éste el órgano ejecutor, él es el que nos manda las notas para que nosotros, en el caso de la dirección, las mandemos a la administración (del BCIE) para que se ejecuten» las asesorías, declaró Ortuño ante los diputados.
En el centro del escándalo por el pago de asesorías con fondos donados por Taiwán antes de que Arias cortara relaciones diplomáticas con la isla para vincularse con China en junio de 2007, se encuentra el ministro de Vivienda, Fernando Zumbado, alejado temporalmente del cargo mientras avanzan las indagaciones del Congreso.
Diputados opositores lamentaron hoy que la Corte Suprema rechazara abrir una investigación contra el magistrado Federico Sosto por prestar asesorías al gobierno.
«Si la Corte renuncia a investigar, tendremos que hacerlo desde el Congreso», dijo el legislador opositor Francisco Molina, jefe de la bancada parlamentaria del centrista Partido de Acción Ciudadana.
«La Corte hace mal porque las repercusiones de la denuncia merecían que se investigara», agregó.
Sosto argumenta que prestó las asesorías como abogado privado, puesto que ésta era su actividad principal, aunque se desempeña desde hace medio año como magistrado de la Sala Constitucional del máximo tribunal en reemplazo de un juez titular que se jubiló.
La Constitución prohíbe que los miembros del Poder Judicial presten este tipo de servicios. Los magistrados suplentes deben suspender todo ejercicio privado si sirven como jueces durante más de tres meses.
El cuestionado sistema de pagos de asesorías a personas del entorno del gobierno, con fondos ajenos al presupuesto nacional, fue develado hace tres semanas, causando el mayor escándalo que sacude al gobierno de Arias.