No se puede negar que una parte importante de cualquier marco legal es detallar las normas y procedimientos que permitan llevar un proceso para dilucidar la responsabilidad de los daños causados por un hecho o una omisión de parte de una o varias personas afectando a una o varias personas o la propiedad de estas. Otra parte importante del marco legal y de sus brazos ejecutivos es hacer efectivas las condenas y el resarcimiento del ofensor al ofendido. En tercer lugar y no menos importante tenemos un efecto muy positivo que se da por añadidura.
Al hacer funcionar un marco legal que efectivamente hace pagar las responsabilidades de nuestros actos u omisiones en contra de terceros, los otros miembros de la sociedad conocen la historia e identifican que cometer un hecho igual o parecido muy probablemente les genere el mismo tipo de pérdida patrimonial o de restricciones a su libertad. Enseñar y controlar con el ejemplo de las consecuencias es sin duda uno de los principios que hace miles de años derivó en reglas estructuradas y definidas de carácter legal.
Que el Ministerio Público tenga abandonados los casos de violaciones a la propiedad privada y a la integridad física de las personas desde hace muchos años y que los integrantes de grupos terroristas que atemorizan a los empresarios, empleados y comunidades cercanas a proyectos de inversión minera o de generación no sean llevados ante los tribunales de justicia para que se les haga resarcir los daños ya sea con su patrimonio o con su libertad es simplemente una burla a nuestro sistema de justicia. Además de que estos malhechores no pagan como nuestras leyes lo ordenan, también perdemos el efecto disuasivo que las condenas ejemplares logran.
No hay consecuencias, por lo tanto se hace y se seguirá haciendo hasta que alguien con los arrestos necesarios haga cumplir la ley. Son herencia directa de la licenciada Paz y Paz la falta y/o mala persecución de estos delincuentes pero por sobre todo el mal precedente que puede resultar de mostrar cero consecuencias a los actos anómalos.
Es responsabilidad directa del Ministerio Público y de la actual Fiscal General el hecho de presentarse a la escena del crimen dos días después de ocurridos los hechos de la madrugada del pasado lunes en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. ¿Qué tipo de escena del crimen podrán estudiar y analizar si es una escena no resguardada y seguramente contaminada? ¿Pasará con este caso lo mismo que con todos los otros casos de ataques terroristas directos a proyectos de inversión que están en total impunidad? No parece correcto que sigamos utilizando el “diálogo” como solución a esos chantajes porque ya tenemos una legislación que tipifica todos los delitos que en estos casos se han cometido. Lo que quiere decir que el “diálogo” social ya se tuvo antes, precisamente cuando se diseñó y aprobó la legislación como para que ahora cada caso de inversión haya que dialogarlo. ¡Basta ya! La herencia es nefasta, él o la nueva fiscal tienen mucho trabajo por delante.