Ayer la Fiscalí­a contra el Crimen Organizado confirmó que solicitará la captura de siete lí­deres comunitarios de Lí­vingston, Izabal, por dos delitos: «secuestro y terrorismo». Juan Luis Florido, fiscal general de la Nación, utilizó esos términos para calificar a los presuntos autores de las detenciones de 29 policí­as y cuatro turistas belgas semanas atrás.

«Los responsables de estos hechos han vuelto a poner a Guatemala con una imagen deteriorada para efectos de la industria turí­stica e inversión extranjera y desestabilizan esa región donde actúan hasta el momento sin que puedan ser capturados», enfatizó Florido.

Sin ser muy especí­fico, Jorge Luis Donado, fiscal contra el crimen organizado, informó sobre los argumentos para acusar de «terrorismo» a los siete campesinos de Izabal: «Con esos actos desestabilizan nuestro estado de derecho, tomando en cuenta que secuestraron a representantes del Estado y además a turistas», manifestó.

Posturas

Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú, opinó: «En este tipo de casos es muy arriesgado tipificar los delitos de terrorismo y de secuestro a partir de que se hace de una manera prematura y aislada».

El jurista agregó que el MP tiene la obligación de realizar una investigación profunda sobre los hechos de delitos, y que la postura asumida por el perseguidor penal «es una cuestión que deviene en cuanto a la forma de encarar el problema por parte de los funcionarios del Ejecutivo y lo que están haciendo es crear criminalización de hechos», enfatizó.

Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), comentó que dicha organización rechaza dichas tipificaciones y añadió que existen otros hechos en el paí­s que podrí­an ameritar una caracterización de ese delito y que el MP no la hace: «los once muertos, los carros quemados, el tipo de armas que utilizaron para exterminar a esas personas en Zacapa, la forma en la que asesinaron a los diputados salvadoreños; esos son actos que deberí­an catalogar como terrorismo», manifestó el entrevistado.

Pascual añadió que el MP «está haciendo un uso malintencionado del concepto de ese delito para afectar y para provocar cualquier tipo de represión en contra de la gente de las comunidades», y añadió que no descartan emprender acciones internacionales por ese hecho.

Amí­lcar Méndez, activista de Derechos Humanos, refirió que en los hechos referidos «impera un aspecto social y humano que origina este tipo de conflictos y el MP tiene que considerarlo».

El activista añadió que no concurren elementos para plantear esa acusación porque «no les encontraron desechos de guerra o artefactos explosivos», y reiteró que la acusación por ese delito por parte del MP, no procede.