Se ha dispuesto que las ONG no podrán ejecutar obras contratadas por entidades del sector público para evitar así la enorme corrupción que se ha dado en ese tipo de operaciones. No creo que las ONG sean las mayores fuentes de corrupción, pero indudablemente sí que se han prestado para manejos indecorosos y corruptos de negocios públicos, pero puede ser un espejismo suponer que controlando a esas organizaciones no gubernamentales se puede atajar el problema, como si las empresas reconocidas, “prestigiosas” y consistentes no fueran también parte del mismo juego y acaso con ganancias más jugosas.

Pero en todo caso, con relación a la prohibición para que las ONG puedan ejecutar la obra pública, no hay ninguna disposición que prohíba a los contratistas del Estado subcontratar a su vez con las ONG para que sean ellas las que realizan los trabajos. En materia de corrupción hay que asegurar más que dobles candados, puesto que es obvio que allí es donde más funciona aquello de que hecha la ley, hecha la trampa, toda vez que los que se han acostumbrado a vivir de los negocios turbios no los van a dejar de la noche a la mañana simplemente porque una disposición legal se interpone en su camino. Ya encontrarán la manera de burlar esa disposición para seguir mamando y bebiendo leche, como lo han hecho durante tanto tiempo.
 
  Personalmente creo que tiene que haber una norma muy clara de que la Ley de Enriquecimiento Ilícito no se aplica únicamente al funcionario sino a los particulares que hacen negocios con el Estado y a todos ellos se les tendría que aplicar sin excepción la Ley de Extinción de Dominio como vía para que el Estado pueda recuperar el dinero que se clavan los sinvergüenzas.
 
  El Enriquecimiento Ilícito es un delito que comete tanto el funcionario que se embolsa dinero del Estado como el empresario que hace negocios defraudando al erario con precios inflados o con construcciones mal hechas o proveedurías de productos de mala calidad. Todo eso contribuye a que el dinero de los contribuyentes se dilapide y no es correcto suponer que los únicos culpables son los funcionarios, que ciertamente tienen doble responsabilidad porque ellos tienen a su cargo la custodia de los fondos públicos, pero también los empresarios corruptos que realizan esos negocios leoninos para el interés de la nación y aumentan sus ganancias en forma ilícita.
 
  Si el delito queda bien tipificado, la acción pública la tendrá que ejercitar el Ministerio Público, pero los ciudadanos también podemos presentar denuncias y accionar en contra de los pícaros con suficiente confianza de que hay una penalización para todos los que participan en el juego de la corrupción. Siento que es fundamental entender esa doble participación si queremos en realidad atacar los problemas. Por supuesto que los empresarios que son contratistas o proveedores del Estado moverán cielo y tierra en el Congreso, lo cual significa que repartirán dinero a diestra y siniestra, para impedir que a ellos se les afecte con la tipificación clara del delito de Enriquecimiento Ilícito, pero los ciudadanos y especialmente los grupos de presión tenemos que actuar en este momento para obligar a los diputados a que actúen en consecuencia con las necesidades del país. Tenemos que revisar uno por uno a los representantes para determinar su actitud y comportamiento en un tema de tanta transcendencia y realizar una especie de libro blanco con los nombres de aquellos que cumplen su deber y un libro negro, grabado en tinta indeleble, con los nombres de los que vendan sus votos para garantizarse impunidad en sus sucias contrataciones con el sector público.