Eso nos permite indicar que existe, en realidad, un clamor de los ciudadanos para que los miembros de la Comisión de Postulación acaten el llamado ético que les hiciera la Corte de Constitucionalidad, puesto que la población realmente valora muy mal su trabajo anterior y los considera no idóneos para participar nuevamente en la selección de los profesionales que aspiran a la Fiscalí­a General y Jefatura del Ministerio Público, cargo que es fundamental para avanzar en la lucha contra la impunidad porque, como se demostró ahora, bastan unas cuantas medidas administrativas para desmantelar todo el esfuerzo que se ha realizado con esa finalidad. El rechazo a los postuladores resulta obvio en todos los estratos sociales y éstos, por decencia y decoro, tienen que inhibirse para repetir su participación en un proceso que se verí­a empañado por la presencia de los mismos que actuaron dentro de un marco de componenda en el que, admitimos, unos cedieron a presiones y amenazas mientras que otros dirigieron la confabulación. Pero sea porque cedieron o porque voluntariamente participaron del arreglo realizado extramuros, todos tienen la obligación moral de apartarse porque está demostrado que le hicieron un enorme perjuicio al paí­s y al estado de Derecho, no obstante que se trataba de lo más representativo del foro y de la academia de las ciencias jurí­dicas en el paí­s. Debe recordarse, además, que su actuación no es únicamente a tí­tulo personal sino que empaña la imagen de las instituciones que representan. Ya está demostrado que la Corte Suprema de Justicia con la Presidencia actual carece de la idoneidad ética y por ello no sorprenderán maniobras para evitar la inhibitoria. Pero el gremio de los abogados tiene que demostrar un aire con remolino a menos que realmente la mayorí­a de nuestros profesionales del derecho se sientan bien representados por el Presidente del Colegio, no digamos los dueños de universidades privadas y el mismo Consejo Superior de la Usac, que deben entender cuán expuestos están por prestarse a un juego funesto para el paí­s y en el que los decanos de las facultades de Derecho son, como paradoja, posiblemente la pieza más visible del intento de golpe fatal al régimen de legalidad.