Cuando se ve la forma en que son electas las autoridades deportivas, que manejan cientos de millones de quetzales al año en forma poco transparente, para decir lo menos, se impone una seria y profunda reflexión sobre la forma en que está regulado el deporte. Bastaría ver la forma en que se hacen las elecciones y el dinero que manejan para concluir que el asunto no camina bien, pero si a ello agregamos un somero análisis de los resultados que ha tenido la millonaria inversión económica que se hace en el deporte nacional desde 1985, la conclusión es que urge ponerle coto al despilfarro.
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En cada una de las federaciones eligen las asociaciones departamentales y los equipos federados, lo que obliga a los candidatos a realizar compromisos con los electores que se traducen, obviamente, en el uso de los recursos asignados al deporte. No hay un plan nacional de desarrollo deportivo ni existe una política coherente para impulsar la actividad deportiva en todas sus manifestaciones, por lo que cada quien llega a las federaciones, a la confederación o al comité olímpico, con su particular enfoque y visión que, generalmente, se traduce en aprovechamiento de los recursos públicos para beneficio personal.
Los más recatados entienden tales beneficios como la oportunidad de viajar a costillas de los contribuyentes, pero no faltan los que hacen micos y pericos con el dinero público y se lo embolsan, tranquilamente, dando lugar a los constantes reclamos de la Contraloría que, sin embargo, no pasan de ser simples reparos sin concretarse nunca en acción penal en contra de los que dilapidan los recursos públicos.
La autonomía del deporte, consignada en la Constitución de la República, tiene que ser revisada seriamente porque a la luz de los resultados podemos concluir que jamás ha sido útil para facilitar la práctica deportiva ni, mucho menos, para incrementar el potencial de nuestros atletas para que descuellen en competencias internacionales. Año con año lo que vemos es una acumulación de fracasos y frustraciones que, sin embargo, cuestan un ojo de la cara a un país que tiene enormes necesidades y en donde millones de personas viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, lo que convierte en derroche ese mal uso de los recursos del Estado.
La dirigencia deportiva es un negocio lucrativo y así es como lo visualizan y manejan quienes hacen de su aporte «ad honórem» un medio de vida porque es un gran contingente de personas el que se mantiene tiempo completo, trabajando jornadas íntegras al servicio del deporte, sin percibir un centavo legalmente por su dedicación. Eso significa que lo que no entra por la vía legal se obtiene por otros medios porque no hay forma de explicar esa actitud empecinada de aferrarse a cargos, por los que se pelea con uñas y dientes, amparos y recursos más lo que haga falta, que teóricamente son un aporte honorífico.
Tristemente el deporte no es ajeno a la descomposición que sufre el país y que se ve para donde uno voltee la vista, porque no hay entidad ni institución que se salve de esa macabra combinación de corrupción e impunidad que son el sello característico de este nuestro pobre y sufrido país.