Ayer se supo que el año próximo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala sufrirá severos recortes porque la crisis económica que viven muchas de las naciones que han apoyado ese esfuerzo para colaborar con nuestro paí­s obligó a reducir sus contribuciones. En definitiva hay que empezar a pensar ya en el próximo fin de la CICIG en Guatemala, lo cual no necesariamente tiene que tomarse como algo malo siempre y cuando nosotros hagamos de la lucha contra la impunidad una polí­tica de Estado.

La idea de crear la comisión implicaba el concepto de la temporalidad de sus funciones, por lo cual era necesario desde el principio entender la necesidad de darle continuidad al proyecto con instituciones nacionales fortalecidas y efectivas para terminar con ese vicio, alentador del delito y la criminalidad, que es la falta de castigo para los delincuentes en el paí­s. Hay algunos avances, especialmente en el Ministerio Público, que permiten ver que tenemos potencialidad para lograr resultados, pero hace falta mucha disciplina y constancia, además de compromiso e independencia, para terminar con uno de los peores vicios de nuestro sistema.
 
 El esfuerzo tiene que ser concretado desde el mismo gobierno con disposiciones que ayuden a fortalecer la lucha contra la impunidad en Guatemala ejecutadas por guatemaltecos comprometidos con el sistema judicial y el imperio de la ley. Creo que la ayuda internacional ha sido valiosa para evidenciar cuán grave es el problema, al punto de que está claro que más del 95 por ciento de los delitos contra la vida, que son los más graves, no llegan a sentencia ni se traducen en un castigo al responsable, tanto a hechores materiales como autores intelectuales de los crí­menes.
 La CICIG sentó bases y aportó experiencias de técnicos y operadores de justicia que en otros paí­ses han logrado avances significativos para garantizar el imperio de la ley, pero obviamente no se podí­a pretender que para siempre gozáramos del acompañamiento de la comunidad internacional en esa forma. Por ello es que el próximo gobierno tiene que empezar desde ahora a prepararse para recoger la estafeta y tener su propio modelo de lucha contra la impunidad. No se trata de crear una institución de fachada, como la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos, sino un ente operativo que sea enlace efectivo entre el Gobierno y el Ministerio Público para garantizar independencia y constancia en la lucha contra la impunidad.
 
 Entendiendo, desde luego, que la lucha contra la impunidad se tiene que nutrir de acciones ejemplares y por ello es que para el próximo gobierno el tema de la corrupción será fundamental porque deberá pasar del cacareo a los hechos. En este perí­odo la Vicepresidencia habló y habló de transparencia pero no se tradujo en absolutamente nada en concreto, por lo que el discurso, como tal, está totalmente agotado y ahora hay que pasar a los hechos. Necesario es, sin duda, escarbar en lo que ha hecho este gobierno para deducir responsabilidades, pero cuando un gobernante en ejercicio destituya a un ministro y lo denuncie ante el Ministerio Público para iniciarle proceso por corrupción, allí­ estaremos viendo un cambio importante en el estilo polí­tico del paí­s. Es absolutamente necesario sentar precedentes y eso fue lo que nos vino a enseñar la CICIG. Está visto que se puede luchar contra la impunidad, pero hace falta el carácter y decisión que le imprimió en su arranque Castresana a la Comisión y el trabajo judicial estricto que ha ejecutado DallŽAnese, combinación que a la larga resultó efectiva porque sin lo primero no hubiera sido posible lo segundo.
 
 El anuncio de la reducción de la CICIG para el 2012 obliga ya a que Pérez Molina piense en el papel de su gobierno en la lucha contra la impunidad.