Tanto los poderes reales y formales como los poderes fácticos en el país se caracterizan por el olímpico desprecio que tienen a los ciudadanos y que se demuestra, por ejemplo, en actitudes como la del Gobierno con la negociación de Puerto Quetzal o la de los diputados con la ley que extendió el usufructo de las frecuencias de radio, televisión y telefonía en el país. Pero también se muestra en la forma en que se manejan todos los proyectos mineros que han proliferado en los últimos años y que no sólo pasan sobre los derechos y valores de las poblaciones donde se asientan las empresas, sino que, además, se llevan recursos naturales no renovables sin que al país le quede una compensación que pueda justificar la depredación de la riqueza.

Yo estoy convencido que los minerales existentes pueden ser explotados racionalmente siempre y cuando se cumplan dos condiciones esenciales. La primera es el respeto al medio ambiente y a los intereses de las comunidades directamente afectadas y, la segunda, la utilidad económica que para el país signifique esa explotación que vale la pena si sus rentas sirven de palanca para el desarrollo nacional y para compensar los déficit sociales que tenemos como país.
 
 Pero como a la población guatemalteca la ven esos poderes fácticos como chenca de puro, nunca se toman en cuenta criterios distintos a los que son propios de nuestro sistema, es decir, aquellos que tienen que ver con la corrupción y los trinquetes que son el pan nuestro de cada día. Habría que ser pendejo para suponer que en un país donde la mordida es el recurso presente en cualquier proceso administrativo, las autoridades encargadas de autorizar los estudios de impacto ambiental lo hagan sin quedarse con su tajada o que las autoridades que tienen que otorgar las licencias de explotación lo hagan pensando en el país y en sus beneficios y no en la forma en que esa licencia se puede traducir en un cañonazo de varios cientos de miles de quetzales para aumentar su enriquecimiento ilícito.
 
 En esas condiciones, con un sistema absolutamente podrido, las concesiones mineras son por lo menos muy cuestionables y necesariamente discutibles. Sin embargo, mientras en las áreas urbanas continuamos con nuestra secular indiferencia que acepta todo sin chistar, resulta que en muchos lugares del interior hay gente que actúa con más conciencia aunque, como cruel paradoja, aquí en la capital se piense que son manipulados, que están siendo instrumentalizados política o ideológicamente porque no llegamos a entender que entre la población indígena, por ejemplo, subsiste una cosmovisión que le otorga extraordinario valor al equilibrio de la naturaleza. Para los capitalinos las protestas del interior son actos terroristas alentados quizá por marxistas o por anarquistas, porque no se nos pasa por la cabeza, en esa visión discriminatoria o por lo menos paternalista, que las masas puedan tener criterios claros respecto a temas como el de la minería.
 
 Esa preocupación por el conflicto latente, por los peligros de una actitud arrogante de los poderes reales y fácticos, de los poderes visibles y ocultos, me llevó a suscribir un llamado al presidente Pérez Molina junto a otros ciudadanos guatemaltecos que compartimos el mismo temor de que las cosas se puedan salir de control. Monseñor Julio Cabrera, obispo de Jalapa y que también fuera obispo en Quiché, es uno de los purpurados más inteligentes y ponderados de la Iglesia guatemalteca y está siguiendo de cerca el problema porque en su diócesis la tensión está llegando a niveles peligrosos. Nadie puede pensar que monseñor Cabrera sea un extremista o radical, ni dudar de su extraordinaria caridad y madurez cívica, por lo que siento correcto que unamos esfuerzos para provocar una reflexión seria y desapasionada sobre el tema.