Ayer la dirigente de la UNE, Sandra Torres, instruyó a sus abogados para que presentaran formal desistimiento de la acción iniciada ante la Corte Centroamericana de Justicia en busca de que ese órgano ordenara a las autoridades guatemaltecas su inscripción como candidata. El argumento, muy saludable, fue que se pretendí­a evitar un caos que pudiera generar ingobernabilidad en el paí­s.

Sin embargo, creo que es muy importante señalar que se tiene que determinar, más allá de toda duda, cuál es la jurisdicción de ese tribunal internacional y sus alcances sobre cada uno de nuestros paí­ses, puesto que al darle trámite y entrar a conocer la acción de la UNE-Gana, abrió un espacio que no puede quedar en el limbo y se tiene que esclarecer.
  
   Ciertamente la Integración Centroamericana es un objetivo que se debe trabajar intensamente porque está demostrado que en forma aislada no tenemos ninguna importancia en el concierto mundial. Es más, aún integrados en la región somos demasiado débiles para tener incidencia, pero al menos como bloque podemos aspirar a una mejor posición para negociar. Europa es, sin duda, el mejor ejemplo que tiene cualquier esfuerzo integracionista en el que cada uno de los Estados renuncia a parte de su soberaní­a absoluta en aras de la convivencia fortalecida con el resto de paí­ses de una región.
  
   Pero se trata de procesos que tienen que darse en forma ordenada y sin abusos. Si un órgano de la primaria etapa de la organización europea hubiera querido entrometerse en la vida de uno de los Estados tomando decisiones que por ley son competencia del orden jurí­dico interno, seguramente que hubiera comprometido seriamente el futuro de la Unión. Justamente eso es lo que hizo la acción de Sandra Torres, misma que debemos suponer anticipadamente apalabrada con el Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, porque esa entidad se creó para conocer aspectos relacionados con la integración regional y no para asumir el papel de última instancia centroamericana en materia de administración de justicia e interpretación constitucional.
  
   Por supuesto que en Europa no hubiera sido posible que una Corte regional o cualquier otro órgano de la Unión fuera integrado con los parientes de los presidentes de algunos paí­ses como ocurre con la Corte Centroamericana de Justicia presidida por el hermano del presidente hondureño, José Lobo, quien le debe mucho a su colega ílvaro Colom en el avance para lograr reconocimiento luego de que fuera cuestionada su elección tras el golpe de Estado.
  
   Nuestro proceso de integración se ha visto frenado reiteradamente por estupideces como la del magistrado Lobo. ¿Qué paí­s va a querer integrarse a un sistema en el que el compadrazgo prevalece? Los órganos de la integración centroamericana se manejan con el mismo pobre criterio que se manejan las instituciones nacionales en cada uno de nuestros paí­ses y la mejor prueba es esa forma de integrarlos con la idea de colocar al pariente inepto que no se puede ganar la vida en la práctica privada, al frente de instituciones donde devengan jugosos salarios.
  
   La enorme fortaleza de Europa actualmente está en la solidez de sus acuerdos y en el absoluto respeto al estado de derecho. No hay órgano de la Unión Europea que no enmarque sus actuaciones en los tratados aprobados por todos los Estados y por ello cualquier paí­s y cualquier ciudadano sabe cómo funcionan los distintos órganos en cuanto a los derechos y las obligaciones de las partes. Pero si un órgano competente para dirimir conflictos de integración se mete a administrar justicia y hasta pretende corregir los fallos de un tribunal de control constitucional, seguramente que allí­ truena la Unión. En este caso la irresponsabilidad de Sandra Torres al comprometer a la Corte Centroamericana sólo fue superada por la estupidez de la Corte al darle trámite a una acción notoriamente improcedente.