Hace una semana me refería a la violación de la autonomía universitaria, y con ello de la Constitución, por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC). Esta semana hemos sido informados de una acción igualmente grave, al dar impunidad la CC a responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra durante el conflicto armado interno. Se nota, de nuevo, el papel de la CC de ser candado que cierra las puertas de las vías jurídicas, para defender los intereses de los poderosos del país.
Para exonerar de condena y castigo a los militares acusados de crímenes atroces, verdadero genocidio, la CC se apoyó en la Ley de Reconciliación Nacional aprobada poco antes de la firma de los Acuerdos de Paz de 1996. La CC ignoró totalmente el Artículo 8 de dicha Ley, que dice: «La extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala». Resulta obvio que el caso debe ser llevado ante la CIDH y la ONU, porque los crímenes de guerra cometidos generalizadamente por el Estado no admiten extinción de responsabilidad según los Convenios de Ginebra y las normas de derechos humanos.
Lamentablemente, la CC cree, al igual que muchos ciudadanos se imaginan, que sus decisiones no admiten cuestionamiento ni recurso. Eso es absolutamente falso, ya que internacionalmente se puede cuestionar el abuso que la CC hace de sus potestades y nacionalmente se puede recurrir a la desobediencia civil. Debemos dejar claro que no estamos dispuestos a acatar los fallos de la CC, especialmente cuando además de fallos son fallas jurídicas, y, en todo momento y con la fuerza del caso, se puede pedir la renuncia de sus integrantes.
La Constitución, aprobada en 1985 y mal reformada tiempo después, merece cambios sustanciales que solamente pueden provenir de una Asamblea Constituyente. Es una Constitución sustentada en la Doctrina de Seguridad Nacional y emitida en condiciones de dictadura militar. Se atrevió a decir, hace ya largos 23 años, que el pueblo de Guatemala no tendría ninguna forma de modificar una serie de artículos de la Constitución, violando con ello su derecho a la libre determinación. Inventó la figura de la CC, como mecanismo para defender, en última instancia, los intereses del poder político, militar y económico. Pretendió cerrar las vías de la evolución democrática 11 años antes de que los Acuerdos de Paz finalmente abrieran los caminos de la democracia.
Quienes no se han atrevido a plantear la reforma sustancial de la Constitución, aun sabiendo que es necesaria, han utilizado como excusa que la nueva Constitución podría ser peor que la actual. Es cierto que nuestra clase política no ofrece ninguna confianza; pero las condiciones históricas de hoy hacen que el pueblo tenga muchos más instrumentos para forzar los cambios radicales que la Constitución, el Estado y la sociedad ameritan. Es tiempo de dar el salto al siglo XXI y terminar con las lacras del pasado. Otra Guatemala es posible, ahora y para siempre.